El juez Aldo Baravalle fijó para el 29 de octubre la lectura del veredicto en el juicio por la muerte de Valentino Pájaro y las lesiones sufridas por Emiliano Cruz. La etapa de alegatos concluyó el martes en los Tribunales de Melincué, con pedidos contrapuestos de la Fiscalía y la defensa del acusado, identificado como G. P.
La fiscal Susana Pepino solicitó seis años de prisión de cumplimiento efectivo y doce años de inhabilitación. El imputado está acusado de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas. La defensa, por su parte, pidió su absolución o, de manera subsidiaria, una pena de ejecución condicional.
Durante su exposición, la acusación sostuvo que G. P. conducía a velocidad excesiva y bajo los efectos del alcohol cuando ocurrió el impacto. Esos planteos forman parte de los argumentos que deberá evaluar el magistrado, quien dispuso un cuarto intermedio antes de dar a conocer su decisión.
El siniestro ocurrió durante la madrugada del 9 de diciembre de 2023, sobre la Ruta Nacional 8. Pájaro, de 16 años, viajaba desde Colón hacia Wheelwright en una motocicleta Gilera 110 junto a su amigo Emiliano Cruz. Ambos fueron embestidos desde atrás por un Hyundai Genesis conducido por el acusado.
Valentino murió en el lugar. Cruz sufrió heridas de extrema gravedad, permaneció internado durante 29 días y debió afrontar la amputación de un pie. El juicio comprende tanto la muerte del adolescente como las lesiones que sufrió su acompañante.
En una entrevista con Región360, Carolina Giles, madre de Valentino, reclamó que se aplique la pena solicitada por la fiscal y describió las consecuencias de la pérdida para su familia. “Lo que le den no me va a devolver la vida de mi Valentino”, expresó.
Giles contó que Valentino era el segundo de sus tres hijos y que ella y su marido siguen adelante por los otros dos, de 15 y 24 años. Según relató, desde la muerte del adolescente dejaron de realizar festejos en la casa, incluidas las celebraciones de Navidad.
También señaló que recibe tratamiento psiquiátrico y psicológico. Explicó que ambos padres son empleados municipales de la ciudad de Colón y que deben sostener sus obligaciones laborales mientras atraviesan el duelo.
La madre cuestionó además que, según afirmó, el imputado nunca estuvo detenido, y pidió al juez una sanción por el daño causado. La resolución sobre la responsabilidad penal de G. P. y la eventual pena se conocerá en la audiencia prevista para el 29 de octubre.
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