El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) fijó para el 10 y el 11 de noviembre las audiencias para analizar el pedido argentino de medidas provisionales contra el Reino Unido por la exploración y explotación de hidrocarburos en torno a las Islas Malvinas. La Argentina busca que se ordene el cese de esas actividades mientras continúa la controversia internacional.
Las fechas fueron establecidas este martes mediante una orden del presidente del tribunal, el juez Maurice K. Kamga, según informó el organismo. Las audiencias se realizarán en su sede de Hamburgo, Alemania, serán públicas y se transmitirán en vivo por internet. Las grabaciones quedarán disponibles en el sitio oficial.
El Gobierno presentó la solicitud el 13 de octubre. El planteo apunta a detener el avance de proyectos petroleros en las aguas del Atlántico Sur cuya soberanía reclama la Argentina. Durante las audiencias, ambas partes podrán exponer sus argumentos antes de que el tribunal determine si corresponde adoptar las medidas solicitadas.
El alcance de esta instancia está limitado al pedido de medidas provisionales. Una eventual resolución favorable a la Argentina no implicaría una definición sobre la soberanía de las islas, una cuestión que el TIDM no tiene competencia para resolver.
Entre los proyectos que preocupan al Gobierno se encuentra el yacimiento Sea Lion, impulsado por la compañía israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper. Las empresas anunciaron que prevén comenzar la extracción de petróleo entre 2027 y 2028. Ese período constituye una previsión de las compañías sobre el inicio de la producción.
Para el gobierno argentino, el avance de esas inversiones representa un desafío a su reclamo sobre las islas y los espacios marítimos circundantes. También genera preocupación el apoyo logístico que el sector privado brinda desde Punta Arenas, Chile, a operaciones vinculadas con los proyectos hidrocarburíferos.
La presentación argentina se apoya en el artículo 290, inciso 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Ese mecanismo contempla la solicitud de medidas provisionales mientras se constituye un tribunal arbitral. La decisión sobre el pedido quedará en manos del organismo después de escuchar a las partes.
El TIDM es un órgano judicial independiente creado por esa convención y está integrado por 21 jueces. El Reino Unido no cuenta actualmente con un magistrado de su nacionalidad, aunque puede solicitar la designación de un juez ad hoc bajo las condiciones previstas por las normas aplicables.
La Argentina ya recurrió a este tribunal en 2012, cuando pidió medidas provisionales para liberar a la Fragata Libertad. El buque estaba retenido en Ghana por una presentación judicial de un fondo de inversión acreedor del país.
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