La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe declaró inadmisible el recurso del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y dejó firme el sobreseimiento de José Alberto Maurino y Leandro Manuel Gonzalo, exdirigentes de Amsafe General López investigados por presunta estafa y administración fraudulenta. La decisión cierra el expediente sin que llegue a juicio.
La sentencia, fechada el 22 de septiembre de 2026, trascendió oficialmente este lunes. Los cinco integrantes del tribunal rechazaron la impugnación del fiscal Damián Casullo por considerar insuficientes sus argumentos contra el cierre de la causa por la duración del proceso. La Corte aclaró que esa decisión no implica convalidar el criterio sobre prescripción aplicado por el camarista Tomás Orso.
El sobreseimiento había sido dictado por Orso el 11 de noviembre de 2025. El juez consideró prescripta la acción penal y sostuvo que la audiencia imputativa no interrumpe el cómputo de ese plazo. También cuestionó el tiempo transcurrido sin una respuesta judicial definitiva. La Corte entendió que el recurso no rebatía adecuadamente este último fundamento, suficiente para resolver la presentación.
En el voto de la ministra Margarita Zabalza, al que adhirieron sus pares, el tribunal señaló que la fiscalía concentró sus argumentos en la prescripción y dedicó apenas unos párrafos al plazo razonable. Según el fallo, invocar la complejidad del expediente, las pericias contables, la cantidad de hechos y los movimientos de fondos investigados no alcanzaba para explicar las demoras.
Para justificar esa duración, sostuvo la Corte, el MPA debía detallar las diligencias realizadas, cuánto había demandado cada una y los motivos de los retrasos. El tribunal consideró que el planteo expresaba una disconformidad sin la fundamentación necesaria para habilitar la instancia extraordinaria. Además, advirtió que la inactividad de los organismos de persecución penal puede frustrar las investigaciones y afectar la credibilidad de la Justicia.
El ministro Daniel Erbetta agregó un pedido para revisar la actuación de funcionarios del MPA. Dispuso remitir copias a la Auditoría General de Gestión del organismo, a fin de analizar posibles irregularidades vinculadas con las demoras y determinar eventuales responsabilidades. Esa remisión no supone que dichas irregularidades hayan sido comprobadas.
La causa comenzó en 2016, cuando los sucesores en la conducción de la delegación denunciaron acuerdos y pagos presuntamente irregulares que, según su presentación, habían perjudicado el patrimonio de los afiliados. La audiencia imputativa se realizó en 2021, la acusación fiscal llegó en 2024 y la audiencia preliminar tuvo lugar en 2025. En esa instancia, el juez Adrián Godoy rechazó los pedidos de sobreseimiento de las defensas, decisión que luego revocó Orso.
La seccional de Amsafe General López había cuestionado el cierre del expediente y reprochado a la conducción provincial no haberse constituido como querellante. Con el rechazo del recurso, el sobreseimiento quedó firme, aunque continúa sin resolverse la controversia sobre el efecto de la audiencia imputativa en la prescripción penal santafesina.
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