El Gobierno nacional comenzó a negociar con los bloques dialoguistas de la Cámara de Diputados para acelerar el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y llevarla al recinto durante agosto.
La fecha que maneja el oficialismo es el miércoles 19, aunque la convocatoria todavía no está confirmada y dependerá de los acuerdos que consiga cerrar con sus aliados y con los legisladores que responden a los gobernadores.
El presidente Javier Milei anunció oficialmente el envío del proyecto al Congreso durante una cadena nacional realizada el 30 de julio. La iniciativa ingresará por la Cámara de Diputados y formará parte de la agenda económica que el Ejecutivo pretende impulsar durante la segunda mitad del año.
El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, quedará al frente de las conversaciones con el PRO, la Unión Cívica Radical, el MID y los bloques provinciales.
Desde el oficialismo sostienen que existe una base favorable para aprobar la propuesta, pero reconocen que el número todavía es ajustado. Por ese motivo, la decisión es no convocar a una sesión hasta tener garantizados los legisladores necesarios para abrir el recinto.
Los aliados, por su parte, pretenden incorporar proyectos propios dentro del temario. Los gobernadores también buscan discutir obras, recursos y compromisos presupuestarios antes de garantizar el acompañamiento de sus diputados.
La posibilidad de realizar una sesión el 19 de agosto, una segunda convocatoria el 26 o concentrar todos los proyectos en una jornada más extensa aparece entre las alternativas analizadas. Ninguna de esas fechas fue formalizada hasta el momento.
El proyecto será enviado a las comisiones que determine la Presidencia de Diputados. Presupuesto y Hacienda y Legislación General aparecen como las principales áreas que podrían intervenir en el debate.
La primera etapa incluiría reuniones informativas con funcionarios y especialistas. La intención del Gobierno es obtener dictamen durante la semana que comienza el lunes 10 de agosto y dejar habilitada la discusión en el recinto.
La Casa Rosada también pretende incorporar al temario los nuevos cambios a la Ley de Inocencia Fiscal y el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, siempre que esta última propuesta avance previamente en el Senado.
El tratamiento conjunto responde a la estrategia de reunir varias iniciativas económicas en una misma sesión y evitar una convocatoria destinada a un único proyecto.
Uno de los puntos principales de la iniciativa es restablecer como misión central del Banco Central la preservación del valor de la moneda.
El texto también busca prohibir el financiamiento directo e indirecto del Estado nacional, las provincias y los municipios. Además, impediría que la entidad compre títulos públicos nacionales en el mercado primario.
La propuesta restringe la distribución de utilidades generadas por resultados contables o por tenencia de activos y elimina las Letras Intransferibles. Determinados resultados de la cartera del Banco Central solamente podrían ser transferidos al Tesoro para cancelar deuda.
Otro de los cambios está relacionado con la conducción de la autoridad monetaria. El Gobierno plantea que la remoción del presidente y de los directores del Banco Central requiera el voto de dos tercios de ambas cámaras del Congreso.
El nombramiento, en cambio, mantendría el sistema actual: designación del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Este punto ya generó cuestionamientos de sectores aliados, que consideran que las exigencias deberían ser similares tanto para designar como para remover a las autoridades.
La discusión también resulta relevante para el sur de Santa Fe. Las reglas que regulan el funcionamiento del Banco Central tienen incidencia sobre la política monetaria, la inflación, las tasas de interés y el acceso al crédito.
Estas variables atraviesan directamente a las familias, los comercios, las industrias y el sector agropecuario de General López y de toda la región.
En caso de obtener media sanción en Diputados durante agosto, el Gobierno buscará que el Senado analice el proyecto en los primeros días de septiembre, antes del ingreso formal del Presupuesto 2027.
