Economía

La Justicia ordena suspender producción en Algodonera Avellaneda

Se extinguirán 243 contratos laborales y se busca la venta para reactivar la empresa.

El martes 17 de noviembre, la Justicia, a cargo del juez Fabián Lorenzini, dispuso la suspensión gradual de las actividades de Algodonera Avellaneda, que incluye su hilandería en Santa Fe y las desmotadoras en Santiago del Estero y Chaco. La medida contempla la extinción de 243 contratos laborales y responde a las pérdidas económicas que atraviesa la empresa.

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Foto: Redes sociales

Según informes de la sindicatura, los ingresos mensuales apenas alcanzan para cubrir los salarios, mientras que los costos de energía, insumos y servicios superan ampliamente esos ingresos. La empresa acumula una deuda superior a 4.600 millones de pesos con la Empresa Provincial de la Energía (EPE), que amenaza con cortar el suministro eléctrico.

La Justicia busca preservar el valor de las plantas para facilitar su futura venta y posible reactivación por parte de nuevos compradores. Los contratos de los trabajadores se extinguirán en distintas fechas: el personal de Buenos Aires finalizará el 14 de octubre de 2026, mientras que otros empleados cesarán según lo determine la sindicatura, incluyendo quienes realizan tareas de guardia o terminan la producción actual.

Se habilitó un plazo para que empresas interesadas presenten propuestas que aseguren la cobertura de los costos operativos y eviten nuevas deudas. La hilandería registra ingresos mensuales aproximados de 425 millones de pesos frente a costos de 1.239 millones, generando un déficit mensual que oscila entre 565 y 815 millones, con un alto impacto del gasto energético. Las desmotadoras no cuentan con materia prima hasta la campaña de 2027 y sus gastos se financiaban con adelantos.

Los trabajadores afectados podrán reclamar salarios e indemnizaciones pendientes y acceder a la prestación por desempleo. La sindicatura convocará a inversores registrados que hayan manifestado interés en adquirir los activos de la empresa, ubicados en Reconquista y otras localidades, para avanzar en la venta mientras se preservan las instalaciones.

Entre los criterios para la venta se considerará el plan productivo presentado y la cantidad de puestos de trabajo que los compradores se comprometan a mantener o generar. Las propuestas se recibirán hasta el 30 de noviembre. La Justicia busca que la venta se concrete rápidamente para que el nuevo propietario reactive la producción y, en la medida de lo posible, reincorpore al personal.

Esta medida se da en un contexto de crisis económica para la empresa, que afecta a cientos de trabajadores y a la actividad industrial en la región.

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