Oficialismo busca aprobar ley de Malvinas con capítulo en duda


Buenos Aires, lunes 16 de noviembre de 2026. El oficialismo cuenta con los votos necesarios para aprobar en general el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional en la Cámara de Diputados el próximo miércoles 18, aunque el capítulo 7 del texto corre riesgo de ser eliminado por falta de consenso.


Foto: Redes sociales
El jueves 12, en una reunión a puertas cerradas, el oficialismo intentó unificar posiciones con sus aliados. Mientras el PRO y la UCR se comprometieron a respaldar el proyecto con o sin modificaciones, bloques como Provincias Unidas, Argentina Federal y la diputada radical Karina Banfi exigieron cambios profundos en el capítulo 7 a cambio de sus votos.


Este capítulo introduce multas para extranjeros sin residencia permanente y personas jurídicas que financien campañas electorales, además de crear tipos penales relacionados con la "injerencia extranjera". Entre sus propuestas se incluyen penas de prisión por facilitar operaciones militares o de inteligencia de estados extranjeros que afecten la seguridad nacional, así como prohibiciones a la organización y financiamiento de campañas de injerencia y actos de sabotaje contra el Estado.
Tras críticas recibidas, el Gobierno aclaró que no perseguirá penal ni económicamente la actividad diplomática legítima, la expresión pública atribuida a estados extranjeros, ni la labor periodística o académica. Sin embargo, otros puntos del proyecto, como la participación de las Fuerzas Armadas en Seguridad Interior y protocolos para el derribo de aeronaves y hundimiento de buques, siguen generando controversia.
El capítulo 7 requiere una mayoría especial de 129 votos para su aprobación, cifra que actualmente no está garantizada. Por ese motivo, no se descarta que el Gobierno acepte eliminarlo para asegurar el respaldo al resto del proyecto, que incluye sanciones a empresas petroleras que operan sin autorización argentina en la cuenca de Malvinas.
El proyecto busca ampliar las facultades del Poder Ejecutivo para actuar ante amenazas externas, incluyendo la creación de un nuevo Consejo de Seguridad Nacional. Este organismo, presidido por el Presidente de la Nación e integrado por ministros y funcionarios clave, podrá coordinar estrategias de seguridad, defensa e inteligencia, y disponer medidas urgentes como restricciones financieras y comerciales.
A pedido de bloques aliados, se incorporaron como miembros no permanentes del Consejo el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente provisional del Senado y gobernadores. Además, se creó una Comisión Bicameral de Seguimiento en el Congreso para auditar las decisiones del Consejo, con la obligación del Ejecutivo de informar en un plazo máximo de 48 horas.
El proyecto también otorga rango legal al Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET), permitiendo inscribir organizaciones con "motivos razonables para sospechar". La oposición advierte que las definiciones de "terrorismo" y "amenaza externa" son vagas y podrían habilitar discrecionalidad para perseguir disidencias y limitar libertades civiles.
La sesión en Diputados comenzará a las 12 del mediodía del miércoles 18 y también incluirá en el temario la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, acuerdos judiciales con la Ciudad de Buenos Aires, y tratados comerciales con la Asociación Europea de Libre Comercio y el Mercosur.
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