Gobierno flexibilizó el proceso para designar jueces de la Corte

El Gobierno nacional oficializó este martes una reforma en el procedimiento para la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia, así como también del Procurador General y del Defensor General de la Nación. La medida quedó establecida mediante el Decreto 467/2026, publicado en el Boletín Oficial.

La normativa modifica aspectos centrales de los decretos 222 y 588 de 2003, que regulaban el mecanismo de selección de candidatos para los máximos cargos judiciales del país. Entre los cambios más relevantes, se eliminan instancias administrativas previas que permitían la difusión anticipada de las postulaciones y la recepción de observaciones ciudadanas antes de la nominación formal.

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A partir de ahora, los antecedentes y currículums de los postulantes serán difundidos únicamente a través del Boletín Oficial y de los sitios web del Ministerio de Justicia. Según el Gobierno, esta modificación busca agilizar los tiempos del proceso de selección.

Además, los candidatos deberán presentar sus declaraciones juradas patrimoniales dentro de un plazo de cinco días. La información deberá incluir bienes propios y también los correspondientes a cónyuges, convivientes e hijos menores de edad, en línea con lo establecido por la Ley de Ética Pública.

Otro de los puntos incorporados en el decreto involucra a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que continuará evaluando la situación fiscal y previsional de los postulantes. Sin embargo, el organismo tendrá un plazo máximo de cinco días para elaborar los informes requeridos, garantizando al mismo tiempo la confidencialidad de la información tributaria.

Por otro lado, la nueva reglamentación dejó de contemplar recomendaciones que figuraban en el esquema original de 2003 relacionadas con la diversidad de género, la representación regional y las distintas especialidades jurídicas al momento de conformar el máximo tribunal del país.

La reforma forma parte de una serie de cambios impulsados por el Gobierno nacional en materia institucional y judicial, en un contexto donde la integración de la Corte Suprema continúa siendo uno de los temas centrales de la agenda política.