SOFIA ZANOTTI
El secuestro de armas de guerra en una casa quinta de Roldán encendió una fuerte señal de alerta en Santa Fe, luego de que un informe de inteligencia provincial advirtiera sobre un posible atentado contra el gobernador Maximiliano Pullaro. La hipótesis, que por ahora sigue bajo investigación, también alcanza a integrantes del gabinete provincial.
La advertencia fue confirmada por el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, quien sostuvo que la provincia recibió un reporte que vinculó ese arsenal con un eventual ataque impulsado por miembros de una organización criminal. A partir de esa información, el Gobierno provincial resolvió reforzar la custodia del mandatario y modificar su esquema de traslados.
Según trascendió, el informe de la Subsecretaría de Inteligencia Criminal fue fechado el 10 de marzo y señala que el grupo investigado analizaba concretar un ataque con fusiles de asalto. Entre las motivaciones mencionadas aparecen el endurecimiento de las políticas de seguridad, las condiciones de detención de presos de alto perfil y el avance de la nueva cárcel de alto riesgo conocida como “El Infierno”.
En este marco, la investigación derivó en allanamientos realizados en Roldán e Ybarlucea por personal de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales y la Tropa de Operaciones Especiales. Durante esos procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, dinero en efectivo y un importante arsenal oculto bajo tierra, para cuya localización se utilizaron detectores de metales y maquinaria.
Entre las armas halladas había pistolas calibre 9 milímetros y .40, además de fusiles calibre 5.56 y .223, de fabricación china y estadounidense, junto con escopetas y otras armas largas. Por la magnitud y el tipo de armamento secuestrado, los investigadores sostienen que se trata de un hallazgo de extrema gravedad.
La causa está vinculada a la banda encabezada por Lisandro “Limón” Contreras. Por el caso ya fueron imputados Rodrigo Gabriel Cappelletti y Lautaro Noriega, acusados de integrar la asociación ilícita y de custodiar armas y bienes de la organización. La Justicia dictó prisión preventiva por dos años para ambos.
Además, la pesquisa expone conexiones con otras estructuras criminales de la región, en una trama que los investigadores siguen profundizando. Mientras tanto, en la provincia se mantienen activas medidas especiales de seguridad ante la posibilidad de que la amenaza haya tenido un grado concreto de preparación.
