Felipe Aguilera
La relación entre el gobierno de Maximiliano Pullaro y una parte de la representación sindical docente santafesina vuelve a atravesar un momento de fuerte confrontación. Esta vez fue el secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso, quien puso bajo cuestionamiento varios de los principales ejes de la política provincial hacia los trabajadores de la educación.
El interrogante que atraviesa el conflicto es concreto: ¿puede hablarse de una mejora en la calidad educativa mientras persiste una disputa de fondo por salarios, presentismo, jubilaciones, obra social y estabilidad laboral?
Para Alonso, la respuesta está directamente relacionada con las condiciones en las que trabajan los docentes. El dirigente asegura que el sector perdió más del 40% de su poder adquisitivo desde el comienzo de la gestión de Pullaro. Se trata de un cálculo de AMSAFE que forma parte de la controversia salarial con el Ejecutivo provincial y que no coincide con la interpretación oficial sobre la evolución de los ingresos.
Según el gremialista, las consecuencias ya aparecen en la vida cotidiana: docentes que buscan segundos empleos o realizan actividades adicionales para completar sus ingresos.
Otro de los puntos centrales es Asistencia Perfecta, el programa mediante el cual la Provincia entrega un incentivo económico relacionado con la asistencia laboral.
Alonso cuestiona el mecanismo porque considera que puede generar presión sobre trabajadores enfermos para no faltar y evitar perder el adicional.
El Gobierno exhibe otros números. En septiembre informó que 63.971 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares cobraron el incentivo correspondiente a agosto. De ellos, 55.923 no tuvieron inasistencias y 8.048 registraron solamente una.
La discusión, por lo tanto, excede la cantidad de beneficiarios: alcanza al propio criterio utilizado para premiar económicamente la asistencia.
La obra social provincial aparece como otro punto sensible.
Alonso denuncia dificultades para conseguir turnos, cobros adicionales y mayores gastos de bolsillo. A esa situación se sumó la controversia por una modificación presupuestaria de hasta $57.000 millones vinculada con IAPOS.
AMSAFE y sectores políticos reclamaron explicaciones sobre el destino de esos recursos. Desde el Gobierno, en cambio, se sostuvo que se trata de una readecuación presupuestaria y no de un retiro de fondos que deje a la obra social sin esos recursos.
Es un punto donde las dos interpretaciones deben diferenciarse: la existencia del movimiento presupuestario está documentada; su alcance y consecuencias son precisamente parte de la disputa.
Alonso también cuestionó la reforma previsional y el aporte establecido para determinados jubilados. AMSAFE considera inconstitucional esa medida, aunque esa definición corresponde a la posición jurídica del gremio y no equivale por sí misma a una declaración judicial definitiva.
El dirigente incorporó además otro cuestionamiento: sostuvo que existen vacantes docentes que deberían ingresar a procesos de titularización y contrastó esa situación con la estructura de cargos políticos de la administración provincial.
En este marco, el enfrentamiento ya no aparece limitado a una paritaria.
Lo que está en discusión son dos interpretaciones diferentes sobre la política educativa santafesina. Pullaro sostiene un modelo basado, entre otros puntos, en incentivos a la asistencia y reformas destinadas a modificar el funcionamiento del Estado. AMSAFE cuestiona sus consecuencias sobre salarios, jubilaciones, estabilidad y condiciones laborales.
La discusión continuará en las negociaciones gremiales y también puede trasladarse al debate sobre una futura legislación educativa provincial.
Porque detrás de las cifras existe una pregunta que el Gobierno y los sindicatos deberán responder: cómo mejorar los resultados del sistema educativo sin profundizar el conflicto con quienes trabajan diariamente en las escuelas.
