Lorena acosta
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, planteó que la próxima etapa de la estrategia contra el crimen organizado debe concentrarse en los recursos económicos de las bandas y en aquellos profesionales que, según sostuvo, participen de esas estructuras.
La definición fue realizada este miércoles 30 de septiembre durante la apertura de la jornada “Crimen organizado y flujos financieros ilícitos: desafíos y estrategias para su desarticulación”, desarrollada en el Complejo Cultural El Túnel, en el Parque España de Rosario.
“El desafío que tenemos hoy es ir por los abogados y los contadores que son parte de estas organizaciones criminales”, expresó Pullaro.
El alcance de la declaración fue precisado durante su intervención: el gobernador se refirió específicamente a profesionales que participen en mecanismos de lavado, administración de recursos ilegales o transmisión de mensajes dentro de organizaciones criminales.
El encuentro fue organizado por la Unidad de Información Financiera, el Ministerio de Justicia de la Nación, el Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario. Participaron funcionarios, integrantes del Poder Judicial, fiscales, fuerzas de seguridad y especialistas en investigación patrimonial e inteligencia financiera.
Durante su exposición, Pullaro también presentó cifras sobre la evolución de los homicidios. Según indicó, Rosario registraba 222 homicidios acumulados a esta altura del año tres años atrás, mientras que en 2026 contabiliza 63. Para toda la provincia señaló una reducción de 315 a 112 casos.
Las cifras fueron utilizadas por el mandatario para respaldar su evaluación sobre los resultados de las políticas de seguridad implementadas en Santa Fe. Al mismo tiempo, advirtió que la disminución de la violencia no implica que las organizaciones criminales hayan desaparecido.
En este marco, uno de los principales ejes de la jornada estuvo relacionado con la denominada “ruta del dinero”. La agenda incluyó inteligencia financiera, lavado de activos, investigación patrimonial y mecanismos de coordinación entre organismos provinciales y federales.
Pullaro mencionó además herramientas provinciales como la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), encargada, entre otras funciones, de administrar y rematar bienes decomisados.
Por otro lado, el intendente Pablo Javkin sostuvo durante el encuentro que la lucha contra las organizaciones criminales no puede limitarse a las intervenciones territoriales y destacó la necesidad de actuar sobre sus circuitos económicos.
La discusión abre así una nueva etapa dentro de la política de seguridad provincial: además de detener integrantes y desarticular puntos operativos, el objetivo planteado es identificar los recursos económicos, mecanismos de lavado y eventuales colaboradores que permiten sostener las estructuras criminales.
Las investigaciones y eventuales responsabilidades penales deberán determinarse judicialmente en cada caso y con las garantías previstas por la legislación vigente.
