Cristina Fernández de Kirchner incorporó al abogado brasileño Rafael Valim a su equipo de defensa para avanzar con una nueva etapa judicial por la causa Vialidad, esta vez ante organismos internacionales de derechos humanos.
Valim, especialista en Derecho Público, Derecho Constitucional y derechos humanos, participará en la elaboración de las presentaciones destinadas a cuestionar la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que pesa sobre la expresidenta. La sentencia fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia en junio de 2025.
El jurista brasileño trabajará junto al abogado español Javier Borrego, quien fue magistrado del Tribunal Supremo de España y juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ambos analizarán las posibles vías para denunciar presuntas vulneraciones de garantías constitucionales y derechos fundamentales durante el proceso judicial.
Según adelantó Valim a medios brasileños, la estrategia será presentada oficialmente en Buenos Aires. El abogado sostuvo que, desde la posición de la defensa, Cristina Kirchner fue víctima de “graves violaciones de derechos humanos fundamentales”. Esa afirmación corresponde al planteo de los abogados y no implica que algún organismo internacional haya aceptado o confirmado la denuncia.
Valim es doctor y magíster en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo. Además, intervino en procesos de alta complejidad ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil y en instancias internacionales vinculadas con la protección de los derechos humanos.
También es coautor del libro Lawfare: una introducción junto a Cristiano Zanin, actual integrante del Supremo Tribunal Federal de Brasil y exabogado de Lula da Silva, y Valeska Teixeira Zanin Martins. La obra analiza la utilización de procedimientos judiciales como herramientas dentro de disputas políticas.
La incorporación se produce después de que quedara firme la condena contra Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El expediente investigó la adjudicación de 51 obras viales en Santa Cruz durante sus gobiernos. La expresidenta fue absuelta de la acusación por asociación ilícita.
La Corte Suprema también rechazó los recursos presentados contra la actualización del decomiso. El monto quedó establecido en $684.990.350.139,86 y deberá ser afrontado solidariamente por las personas condenadas en el expediente. La defensa cuestionó el mecanismo empleado para calcular esa cifra, pero sus planteos fueron rechazados.
La eventual presentación internacional no supone que la condena argentina quede suspendida o anulada automáticamente. En el sistema interamericano, una denuncia debe tramitar primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las personas no pueden acudir directamente a la Corte Interamericana y, como regla general, deben haber agotado previamente los recursos judiciales internos.
En caso de comprobarse violaciones a derechos reconocidos internacionalmente, la Corte Interamericana puede ordenar reparaciones al Estado. En antecedentes de otros países llegó a disponer que fueran dejadas sin efecto condenas judiciales, aunque cada expediente es analizado según sus circunstancias y esto no anticipa el resultado de una eventual presentación de la defensa de Cristina Kirchner.
