SOFIA ZANOTTI
El sistema previsional argentino atraviesa una crisis estructural que se profundiza. En lo que va del año, perdió más de 100 mil aportantes y acumula un déficit de $4,5 billones que debe ser cubierto por el Tesoro Nacional, presionando aún más las cuentas públicas.
A este escenario se suma una caída del poder adquisitivo del 12% desde la asunción de Javier Milei. Según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), el haber medio por titular en septiembre de 2025 fue de $675.510, con una pérdida del 4,9% interanual y del 24% en los últimos cuatro años.
El dato más preocupante es el índice de dependencia previsional: hoy existen apenas 1,8 aportantes activos por cada jubilado, cuando los especialistas recomiendan al menos tres. Este desbalance compromete la sustentabilidad del sistema y explica, en parte, los recortes y congelamientos aplicados.
Uno de los factores más duros para los beneficiarios fue la decisión del Gobierno de congelar el bono adicional en $70.000 desde marzo de 2024. Este refuerzo, que alcanzaba al 52% de los jubilados —unos 3,2 millones de personas—, perdió valor real frente a la inflación, transformándose en una reducción efectiva de ingresos.
Además, la eliminación de la moratoria previsional provocó una caída de más de 22 mil nuevos beneficios en el tercer trimestre del año, interrumpiendo una tendencia de crecimiento sostenida durante años. El veto presidencial a la ley que prorrogaba la moratoria por dos años dejó fuera del sistema a miles de personas que no alcanzaban los años de aporte requeridos.
De cara a 2026, no se prevén mejoras sustanciales: el aumento de 2,1% programado para noviembre quedará por debajo de la inflación, y no hay prevista una actualización del bono complementario. En este contexto, la licuación de los haberes se consolida como la principal herramienta del Gobierno para reducir el gasto previsional.
