SOFIA ZANOTTI
El gobierno de Santa Fe anunció que prohibirá por un año el acopio destinado a la exportación de pescado, con el objetivo de preservar la biodiversidad y garantizar la sustentabilidad de la actividad pesquera. La resolución, que entrará en vigencia dentro de 30 días desde su publicación en el Boletín Oficial, generó preocupación entre los trabajadores del sector.
Desde la Asociación de Pescadores de Santa Fe, que representa a más de la mitad del padrón provincial, advirtieron que la medida pondrá en riesgo el sustento de unas 2.500 familias que viven de la pesca en la provincia. Su presidente, Jesús Pérez, señaló que la disposición “es perjudicial porque sólo se aplica en Santa Fe, mientras que en Entre Ríos, Buenos Aires y Corrientes —que comparten el mismo río— la exportación sigue permitida. Los únicos afectados somos los trabajadores santafesinos”, afirmó en diálogo con Sol Play.
Según explicó Pérez, unas 1.500 familias trabajan directamente con frigoríficos dedicados a la exportación y otras 1.000 al mercado interno. Aunque este último rubro podrá continuar operando, se teme una sobreoferta que colapse la demanda local. “El consumo de pescado en Santa Fe es muy bajo. Si todos esos trabajadores vuelcan su producción al mercado interno, se va a saturar en pocos días”, alertó.
Otro de los puntos críticos es que los pescadores santafesinos no pueden trasladar su actividad a otras provincias, ya que sus licencias son de carácter provincial. Por eso, reclaman una mesa de diálogo con el gobierno para buscar alternativas que mitiguen el impacto económico.
“Antes de llegar a un conflicto pedimos una reunión. Queremos que se convoque a todas las organizaciones de la provincia para llegar a un acuerdo”, sostuvo Pérez. La Asociación convocó a una asamblea con delegados para el 15 de diciembre, en vísperas de la entrada en vigencia de la medida, mientras que un grupo de pescadores independientes anunció una manifestación en la Ruta 168 el próximo lunes.
Además, el sector reclama que se cumpla la Ley N° 13.119, que establece el pago de un salario vital y móvil durante la temporada de veda. “No estamos en contra de que el río descanse, pero los trabajadores también necesitan llevar comida a su casa”, expresó Pérez.
