LORENA ACOSTA
El pasado jueves, la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe fue escenario de una tensa sesión que concluyó con la aprobación de la controvertida reforma previsional impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro. La votación, realizada bajo un clima de confrontación y denuncias de atropello institucional, generó un fuerte rechazo por parte de la oposición y gremios que consideran que la medida perjudica a los trabajadores estatales, jubilados y pensionados.
La sesión fue marcada por un procedimiento acelerado y por la presencia de manifestantes en las afueras de la Legislatura, que exigían el rechazo de la reforma. Según fuentes legislativas, la reforma modifica el sistema de movilidad jubilatoria, afectando los derechos de jubilados y pensionados provinciales.
Varios diputados opositores denunciaron que el proceso de debate fue forzado y que el oficialismo utilizó su mayoría legislativa para avanzar con la iniciativa sin un diálogo profundo. “Este es un atropello institucional y un claro ejemplo de la falta de consenso político”, expresó uno de los legisladores durante la sesión.
Por su parte, el oficialismo defendió la medida argumentando que es necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema previsional a largo plazo, y que las modificaciones propuestas son parte de un plan integral de ajuste fiscal en el contexto de la crisis económica que atraviesa la provincia y el país. “Este es un esfuerzo necesario para asegurar la estabilidad de nuestra provincia”, declaró un representante del bloque oficialista.
La jornada también estuvo marcada por la violencia en las calles, donde algunos manifestantes se enfrentaron con las fuerzas de seguridad. Tras los incidentes, el gobernador Pullaro manifestó su solidaridad con los trabajadores heridos, aunque sus declaraciones fueron consideradas tardías por sectores opositores.
La reforma ha desatado un fuerte debate en la provincia, y algunos gremios ya han anunciado medidas de fuerza en rechazo a lo que consideran un recorte a sus derechos laborales. En paralelo, el gobierno provincial continúa defendiendo la legalidad y necesidad de la norma, mientras Santa Fe se adentra en un clima de creciente tensión política.
