Política

Ley de Malvinas: el oficialismo busca aprobarla, pero peligra un capítulo clave

El Gobierno confía en reunir los votos para avanzar con el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. Sin embargo, las diferencias con sectores aliados ponen en duda la aprobación de las sanciones vinculadas con la injerencia extranjera.

El oficialismo se prepara para una sesión decisiva en la Cámara de Diputados, prevista para el miércoles 18 de noviembre a partir de las 12, donde buscará aprobar el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como ley de Malvinas.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el Gobierno contaría con los respaldos necesarios para obtener la aprobación en general. No obstante, las negociaciones con bloques dialoguistas mantienen abierto un conflicto alrededor del capítulo 7, que establece sanciones por financiamiento extranjero de campañas electorales e incorpora nuevas figuras penales.

Las diferencias con los bloques aliados

Durante una reunión realizada el jueves pasado, representantes del oficialismo mantuvieron conversaciones con legisladores de distintas fuerzas políticas para intentar asegurar los votos.

De acuerdo con la información difundida, el PRO y la UCR manifestaron su disposición a acompañar la iniciativa, mientras que Provincias Unidas, Argentina Federal y la diputada Karina Banfi reclamaron modificaciones de mayor alcance.

El Gobierno habría ofrecido cambios menores, aunque todavía no existe certeza sobre un acuerdo definitivo.

El capítulo cuestionado necesita alcanzar 129 votos para su aprobación, debido a las modificaciones electorales que contempla. Por ese motivo, podría ser rechazado aun cuando el proyecto obtenga mayoría en la votación general.

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Qué establece el capítulo sobre injerencia extranjera

El capítulo 7 propone multas para extranjeros sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras que financien campañas electorales argentinas.

También incorpora sanciones penales por facilitar operaciones militares o de inteligencia dirigidas desde otros Estados que afecten la seguridad nacional o la integridad territorial.

Además, contempla delitos vinculados con la entrega de información reservada a servicios de inteligencia extranjeros y la colaboración con operaciones clandestinas.

Frente a los cuestionamientos recibidos, el Gobierno aceptó excluir expresamente de esas sanciones a la actividad diplomática legítima, el periodismo, la investigación académica y determinadas expresiones públicas de Estados extranjeros.

Sanciones por la explotación de recursos en Malvinas

Uno de los principales objetivos de la iniciativa es fortalecer las sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en la cuenca de Malvinas sin autorización argentina.

El proyecto contempla penas de hasta 20 años de prisión para determinados responsables de esas actividades.

Sin embargo, durante el tratamiento parlamentario se introdujeron modificaciones: quedaron exceptuados los accionistas con participaciones de hasta el 2% y ciertos fondos de inversión con intervención indirecta.

También se redujeron las multas previstas originalmente, que pasaron de un equivalente de entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo a una escala de entre 2.000 y 40.000 barriles.

Un Consejo de Seguridad Nacional con nuevas atribuciones

La reforma contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el Presidente de la Nación e integrado por funcionarios de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores, Economía, inteligencia y el área Legal y Técnica.

El organismo tendría facultades para coordinar acciones frente a amenazas externas graves y adoptar medidas excepcionales en materia económica, financiera y de seguridad.

Entre ellas aparecen restricciones temporales sobre operaciones cambiarias, movimientos de activos, importaciones y exportaciones.

La iniciativa también contempla protocolos de derribo de aeronaves y hundimiento de embarcaciones, junto con la participación de las Fuerzas Armadas en determinadas operaciones no convencionales.

Estos puntos generan cuestionamientos del peronismo y la izquierda, que advierten sobre una posible ampliación excesiva de las facultades del Poder Ejecutivo y sus consecuencias para las libertades civiles.

Como mecanismo de control, se incorporó una Comisión Bicameral de Seguimiento, ante la cual el Ejecutivo deberá informar las medidas adoptadas dentro de un plazo máximo de 48 horas.

Una votación que podría modificar el proyecto

El resultado dependerá de las negociaciones que continúen hasta el momento de la sesión.

El oficialismo podría conseguir la aprobación general y, al mismo tiempo, perder uno de los capítulos centrales de la reforma.

Si eso ocurre, el proyecto avanzaría con modificaciones respecto de la propuesta impulsada inicialmente por el Gobierno.

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