Galnares destacó las nuevas herramientas de seguridad aprobadas en Diputados

La Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe dio media sanción al proyecto de Ley de Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, una iniciativa impulsada por el gobierno de Maximiliano Pullaro que busca modificar distintos procedimientos vinculados con la prevención, investigación y persecución de delitos.

La votación se concretó el jueves 5 de noviembre, con 37 votos afirmativos y 11 negativos. Tras su aprobación con modificaciones, el proyecto fue remitido al Senado provincial.

La diputada provincial de la UCR, Sofía Galnares, difundió los principales aspectos de la propuesta y destacó las herramientas que se incorporarían al sistema de seguridad santafesino en caso de convertirse en ley.

Allanamientos urgentes y juicios en ausencia

Uno de los cambios contempla la realización de allanamientos sin autorización judicial previa en determinadas situaciones de urgencia, con intervención fiscal y posterior control judicial.

También se incorpora el juicio en rebeldía, mecanismo que permitiría continuar un proceso penal cuando el imputado, debidamente notificado, decida no presentarse. La medida contempla la intervención de un defensor y garantías procesales.

Además, se proponen procedimientos más ágiles para aplicar medidas cautelares, como restricciones para salir del país, presentaciones periódicas ante la Justicia y prohibiciones de acercamiento.

Medidas sobre cárceles y propiedades utilizadas para delinquir

Entre los puntos difundidos por Galnares figura un régimen agravado para personas detenidas consideradas de alto perfil que representen una amenaza grave para la seguridad pública.

La propuesta contempla alojamiento individual y restricciones de visitas y comunicaciones, con mecanismos de revisión judicial.

Por otra parte, se habilitarían intervenciones sobre inmuebles utilizados para actividades delictivas, incluidos los denominados búnkers, mediante desalojos, tapiados, demoliciones o su reconversión para actividades comunitarias, bajo las condiciones legales correspondientes.

Investigación penal y protección de testigos

El proyecto incorpora la declaración informativa ante un fiscal, con garantías relacionadas con el derecho a guardar silencio y a contar con asistencia legal.

También establece mecanismos para utilizar testimonios grabados y evitar que personas en situación de riesgo deban declarar reiteradamente.

En materia de pruebas judiciales, contempla supuestos relacionados con la obtención inevitable por medios legales y la actuación de buena fe de los funcionarios.

Asimismo, la intervención de comunicaciones y el acceso a dispositivos electrónicos o cuentas digitales requieren autorización judicial.

Contravenciones y fondo de recompensas

Las modificaciones incluyen procedimientos más ágiles para resolver contravenciones, con posibilidad de oposición, y una ampliación del Fondo de Recompensas para obtener información que permita prevenir delitos, localizar personas buscadas e identificar a presuntos responsables.

Un proyecto que todavía debe pasar por el Senado

Durante el tratamiento legislativo se introdujeron modificaciones al texto original. Entre ellas, se eliminaron las zonas especiales de intervención policial y se reformuló el mecanismo de declaraciones para preservar garantías procesales.

Mientras sectores del oficialismo destacaron las herramientas incorporadas, legisladores opositores cuestionaron aspectos de la iniciativa por considerar que podrían afectar derechos y garantías de personas investigadas.

Galnares manifestó su respaldo a la reforma y sostuvo, en su publicación, que en Santa Fe debe prevalecer la autoridad del Estado frente al delito.

El proyecto continuará ahora su tratamiento en el Senado provincial, que deberá resolver su aprobación definitiva.