El juez Flávio Dino ordenó este martes 27 de octubre investigar un posible financiamiento extranjero de la campaña presidencial de Flávio Bolsonaro en Brasil. El expediente se suma a las pesquisas por presunta corrupción, lavado de dinero y calumnias que enfrenta el senador, derrotado el domingo por Lula da Silva en el balotaje.
La nueva investigación buscará establecer si hubo aportes canalizados mediante Rockbridge Network, una organización cofundada por el vicepresidente estadounidense J. D. Vance. También examinará sospechas de trato desigual en plataformas digitales. La apertura del expediente apunta a determinar si existieron irregularidades y quiénes pudieron intervenir; no implica que esas sospechas estén acreditadas.
Bolsonaro tiene prohibido abandonar Brasil por una disposición del juez Alexandre de Moraes, que también le ordenó entregar sus pasaportes. Las restricciones surgieron de otra investigación, centrada en sus vínculos con el abogado Willer Tomaz, e incluyen la prohibición de mantener contacto con él. El senador denunció una persecución y había asegurado que cumpliría la entrega de sus documentos.
Uno de los principales frentes judiciales se concentra en el financiamiento de “Dark Horse”, una película sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro. La Policía Federal investiga si las gestiones del senador ante Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master, involucraron lavado de dinero, corrupción y salida irregular de divisas.
Vorcaro está detenido en una causa por un presunto fraude financiero vinculado con su entidad. En la pesquisa sobre la producción cinematográfica, los investigadores buscan reconstruir el origen de los fondos, las transferencias realizadas y el destino de los recursos. Bolsonaro negó irregularidades en ese financiamiento.
El expediente relacionado con Tomaz examina presuntas operaciones de lavado vinculadas con empresas de apuestas, plataformas de pago y sociedades en el exterior. En ese marco, la Justicia dispuso el bloqueo de activos del abogado, el levantamiento del secreto bancario y fiscal de sus empresas, la cancelación de sus pasaportes y la suspensión de actividades de sus compañías.
Otro caso se originó en una publicación del 3 de enero, en la que Bolsonaro afirmó que Nicolás Maduro “delataría” a Lula y vinculó al presidente brasileño con delitos como narcotráfico y lavado de dinero. Esas afirmaciones son el objeto de la investigación por presuntas calumnias y no hechos establecidos.
En junio, la Policía Federal concluyó que aquel mensaje configuraba una calumnia. Esa evaluación debe ser resuelta por la Justicia. Los expedientes mantienen objetos distintos y las acusaciones mencionadas no equivalen a condenas contra el senador, cuyo mandato termina en febrero de 2027, cuando asumirá el nuevo Congreso.
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