Malvinas: el oficialismo consiguió dictamen tras aceptar cambios de sus aliados

El proyecto endurece sanciones por explotación no autorizada de recursos y crea un Consejo de Seguridad Nacional. El Gobierno prevé llevarlo al recinto el 12 de noviembre, aunque persisten objeciones.
Actualidad27/10/2026 Oscar A. Canavese

El Gobierno consiguió en Diputados el dictamen de mayoría para el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que contempla sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y el Atlántico Sur. La Libertad Avanza aceptó modificaciones reclamadas por bloques aliados y busca debatirlo en el recinto el jueves 12 de noviembre, una fecha todavía tentativa.

Malvinas: el oficialismo consiguió dictamen tras aceptar cambios de sus aliados

El avance parlamentario no garantiza la aprobación del texto. Algunos legisladores aliados mantienen pedidos de cambios, especialmente sobre las disposiciones vinculadas con la injerencia extranjera. La iniciativa también propone crear un Consejo de Seguridad Nacional con atribuciones sobre inversiones en sectores estratégicos.

Uno de los principales acuerdos de la negociación fue acotar quiénes podrían recibir sanciones por participar en la explotación ilegal de recursos. El proyecto abarca recursos renovables y no renovables y contempla multas, además de la suspensión o cancelación de habilitaciones vigentes en la Argentina.

La nueva redacción limita la responsabilidad a operadores directos, licenciatarios, proveedores de estos y accionistas directos de los proyectos. Quedan exceptuados los accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2% y los fondos de inversión indirectos que tengan participación en las compañías involucradas.

El Consejo de Seguridad Nacional tendría la función de coordinar las estrategias de defensa, inteligencia y seguridad interior. También podría controlar, aceptar o rechazar inversiones de Estados extranjeros y de empresas con capitales de ese origen en áreas como defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, minería y actividades espaciales.

Su integración permanente incluiría al Presidente, el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica. Durante las negociaciones se sumó al Ministerio de Seguridad. El texto permite además la participación de autoridades legislativas y provinciales cuando el asunto tratado lo justifique.

Como mecanismo de supervisión, el dictamen incorpora una Comisión Bicameral de Seguimiento, propuesta por el diputado Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo. El Gobierno debería comunicarle, dentro de las 48 horas, las medidas de seguridad adoptadas por el Consejo.

Otro cambio alcanza a las penas de cinco a doce años de prisión previstas para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero, alteren procesos electorales o manipulen la opinión pública. El dictamen define las campañas de injerencia extranjera e incorpora excepciones para la actividad diplomática conforme al derecho internacional, el periodismo, la investigación académica, las opiniones públicas atribuidas a un Estado extranjero y la representación abierta y regulada de intereses.

Los aliados que reclaman nuevas precisiones concentran sus objeciones en los artículos 127, 128 y 129 y en su posible alcance sobre organizaciones no gubernamentales que buscan influir en políticas públicas. Desde el oficialismo reconocieron que podrían introducirse más cambios antes de la votación.

La propuesta también precisa competencias de la Prefectura Naval y del Comando Conjunto Marítimo, aunque no establece una regla de intervención primaria y subsidiaria entre ambas estructuras.

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