Felipe Aguilera
La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a un nuevo proyecto de ley destinado a fortalecer el sistema de protección de las personas con discapacidad. La votación se realizó el miércoles 21 de octubre y terminó con 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones, luego de una jornada de negociaciones entre el oficialismo y distintos sectores de la oposición.
La iniciativa, denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, busca reemplazar el carácter transitorio de la actual legislación de emergencia por un esquema de protección permanente.
El acuerdo fue impulsado por La Libertad Avanza junto al diputado Oscar Herrera Ahuad, presidente del bloque Argentina Federal, y posteriormente recibió el acompañamiento de Unión por la Patria, que consiguió incorporar modificaciones al texto original.
Uno de los puntos centrales es la continuidad de las pensiones por discapacidad y su compatibilidad con el empleo formal o el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
También se contempla mantener la actualización periódica de los aranceles de las prestaciones mediante el índice de movilidad jubilatoria, vinculado a la inflación.
Además, el proyecto establece la continuidad de la cobertura médica del programa Incluir Salud y dispone que el presupuesto del Ministerio de Salud destinado al sector no sea inferior, en términos reales, al del ejercicio anterior.
Otra modificación incorpora auditorías periódicas mediante el cruce de información entre organismos nacionales. Las personas cuyas pensiones presenten inconsistencias dispondrían de 160 días para realizar su descargo antes de una eventual suspensión.
El diputado oficialista Gerardo Huesen defendió la propuesta al considerar necesario avanzar hacia un sistema estable, con controles y mecanismos de financiamiento que no dependan de sucesivas declaraciones de emergencia.
Desde Unión por la Patria, Juan Marino explicó que su bloque decidió acompañar el dictamen después de comprobar que no contaba con los votos necesarios para extender la emergencia hasta diciembre de 2027.
Según señaló, las conversaciones con organizaciones vinculadas a la discapacidad permitieron introducir cambios para preservar derechos contemplados en la legislación vigente.
Victoria Tolosa Paz también destacó la incorporación de garantías relacionadas con la cobertura médica y la compatibilidad de las pensiones con las asignaciones familiares.
Sin embargo, la oposición advirtió que la aprobación de una nueva norma no resolverá por sí sola los problemas del sector si no se garantiza su aplicación efectiva.
Romina del Plá, del Frente de Izquierda, y Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba, manifestaron su rechazo al acuerdo.
Ambas cuestionaron las garantías de cumplimiento y plantearon la necesidad de mantener la emergencia, además de ampliar la participación de las organizaciones en el debate.
Por otro lado, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, acompañó la iniciativa, aunque reclamó que el Senado avance rápidamente con su tratamiento.
La media sanción representa un avance legislativo, pero todavía no implica la entrada en vigencia del nuevo régimen.
El proyecto deberá ser debatido y aprobado por el Senado. En caso de convertirse en ley, también será necesario avanzar con su reglamentación y con las asignaciones presupuestarias correspondientes.
Mientras tanto, organizaciones, prestadores y familias continúan pendientes de las decisiones que determinarán el funcionamiento del sistema de discapacidad durante 2027.
