La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno nacional, e incorporó cambios para preservar los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros. La iniciativa recibió 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones. Como fue modificada, deberá volver al Senado para su revisión.
El cambio central fue la restitución de la Ley 26.737, sancionada en 2011 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Esa norma establece un máximo del 15% de titularidad extranjera sobre las superficies rurales, tanto a nivel nacional como provincial y municipal.
El texto aprobado propone dejar sin efecto el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, con el que el presidente Javier Milei había dispuesto la derogación de esa legislación. En la votación en particular, el capítulo sobre tierras consiguió un respaldo más amplio que el proyecto general: reunió 239 votos afirmativos, cuatro negativos y seis abstenciones.
Para aprobar la iniciativa en general, el oficialismo contó con el acompañamiento de sus aliados. Se abstuvieron cinco legisladores vinculados al cordobesismo que integran Provincias Unidas y el diputado del PRO Álvaro González. Esas seis abstenciones resultaron decisivas ante la diferencia de cinco votos entre quienes apoyaron y rechazaron la propuesta.
Otro de los ejes del proyecto son las expropiaciones. El texto establece que el Estado deberá contar con una declaración específica de utilidad pública y pagar una indemnización previa, calculada sobre el valor objetivo de mercado del inmueble. También incorpora el reconocimiento del lucro cesante.
Ese último punto fue cuestionado por sectores opositores, que advirtieron que podría aumentar los costos que debe afrontar el Estado para concretar una expropiación. Se trata de una objeción sobre los posibles efectos de la medida, cuya aprobación definitiva todavía está pendiente.
En materia de desalojos, la propuesta contempla procedimientos judiciales sumarísimos para acelerar la recuperación de inmuebles ocupados. Además, fija un plazo de protección de diez días para personas en situación de vulnerabilidad e incluye modificaciones para modernizar el Registro de la Propiedad Inmueble.
La discusión sobre las tierras rurales llegó al recinto después de distintas resoluciones judiciales. La Corte Suprema revocó un fallo que había declarado inconstitucional la derogación de la ley porque consideró que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata no tenía legitimación procesal para presentar ese reclamo.
Posteriormente, en otra causa promovida por una organización ambiental, el máximo tribunal suspendió cautelarmente la derogación. Esa decisión no resolvió la cuestión de fondo sobre la normativa.
