Lorena acosta
El Gobierno nacional declaró secreto militar a una serie de operaciones destinadas a la adquisición de equipamiento para las Fuerzas Armadas. La decisión fue establecida mediante el Decreto 1205/2026, publicado este lunes 19 de octubre en el Boletín Oficial, según informó la agencia Noticias Argentinas.
La disposición lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Defensa, Carlos Presti, y permite que las contrataciones comprendidas en la medida se desarrollen sin cumplir las obligaciones habituales de publicidad y difusión de las actuaciones administrativas.
La resolución alcanza a las operaciones identificadas en el expediente EX-2026-97868854-APN-SSGA#MD, aunque el texto difundido no especifica cuáles son los equipos o materiales que el Estado pretende incorporar.
La medida declara secreto militar a las operaciones contractuales necesarias para ejecutar las adquisiciones incluidas en el expediente mencionado.
Además, autoriza al Ministerio de Defensa a instrumentar los procedimientos correspondientes a través de la Subsecretaría de Gestión Administrativa.
De acuerdo con la información publicada, los organismos contratantes podrán continuar con los trámites de adquisición sin las exigencias ordinarias de publicidad y difusión.
Esto implica que determinados datos vinculados con el proceso no serán difundidos mediante los mecanismos habituales de contratación pública.
Uno de los aspectos centrales de la disposición es que no identifica el equipamiento que será adquirido.
Tampoco se detallan las cantidades previstas, las empresas proveedoras, los países de origen ni los montos presupuestarios involucrados.
Por lo tanto, con la información difundida hasta el momento no es posible determinar el alcance económico de las operaciones ni establecer qué capacidades militares se busca incorporar o fortalecer.
La clasificación tampoco permite conocer si se trata de adquisiciones de armamento, vehículos, sistemas tecnológicos, componentes o materiales de otra naturaleza.
El Ejecutivo fundamentó la medida en el Decreto 9390/1963, una normativa que contempla la posibilidad de declarar secreto militar a determinadas actividades relacionadas con la preparación y el empleo de las Fuerzas Armadas.
Ese marco comprende adquisiciones, fabricaciones, construcciones y negociaciones cuando la información involucrada reviste importancia fundamental para las capacidades militares.
En este contexto, la reserva busca proteger aspectos considerados estratégicos para la defensa nacional.
Sin embargo, la declaración de secreto militar también limita el acceso público a información que, en procedimientos ordinarios, permite conocer las características y condiciones de las contrataciones estatales.
Con la disposición, el Ministerio de Defensa queda habilitado para avanzar en los procedimientos administrativos correspondientes bajo el régimen de reserva establecido.
La información disponible no permite precisar cuándo se concretarán las adquisiciones ni si los contratos ya cuentan con proveedores seleccionados.
Por otro lado, la excepción a las obligaciones de publicidad no permite concluir, por sí sola, que hayan quedado eliminados los controles administrativos, presupuestarios o judiciales que pudieran corresponder.
El alcance definitivo de las operaciones y sus eventuales consecuencias sobre el equipamiento de las Fuerzas Armadas dependerán de la ejecución de las contrataciones previstas.
