El Gobierno avanzó con los preparativos para la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina (Nasa), la empresa que opera las tres centrales nucleares del país. Un edicto publicado este miércoles en el Boletín Oficial dio cuenta de modificaciones en el estatuto de la compañía, aprobadas mediante asambleas, y fijó su capital en $6,69 billones.
La medida forma parte del proceso de venta parcial autorizado por la Ley Bases, sancionada en julio de 2024. El esquema contempla la incorporación de inversores privados y un programa de propiedad participada para los trabajadores, con una mayoría accionaria que permanecerá en manos del Estado.
El plan oficial prevé vender en bloque el 44% de las acciones mediante una licitación pública nacional e internacional. A su vez, hasta el 5% del capital accionario se destinará al programa que permitirá a los empleados convertirse en accionistas. El Estado conservará el 51% restante. La modificación del estatuto constituye un paso preparatorio dentro de ese proceso, cuya venta todavía no se concretó.
La composición accionaria actual es diferente de la proyectada: el Ministerio de Economía posee el 79% de la empresa; la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el 20%; y Energía Argentina (Enarsa), el 1%. Es sobre esa estructura que se prepara el ingreso de capital privado.
El Gobierno anunció el plan de privatización en septiembre de 2025, después de haber adelantado el esquema a mediados de ese año. En aquel anuncio, la Secretaría de Energía sostuvo que la incorporación de inversores permitiría obtener fondos para financiar proyectos estratégicos de la compañía.
Entre esos proyectos figuran la extensión de la vida útil de Atucha I y el Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II). Atucha I permanece fuera de servicio desde septiembre de 2024 por las tareas destinadas a prolongar su funcionamiento. Según la previsión informada por Energía, su regreso al mercado eléctrico está previsto para 2027.
La Secretaría también planteó que la inversión privada permitiría ampliar el acceso a capitales, diversificar riesgos y garantizar la continuidad de las operaciones de manera eficiente y competitiva. Esos son los objetivos con los que el Gobierno fundamentó la apertura accionaria.
Además de Atucha I, Nucleoeléctrica opera Atucha II y Embalse. Las tres centrales suman una potencia instalada de 1.763 megavatios y aportan el 7% de la energía eléctrica del país. La privatización parcial alcanza así a la compañía responsable de la operación de todo el parque de generación nuclear argentino.
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