La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó este jueves una reforma del registro de obligaciones alimentarias que prevé prohibir el ingreso a estadios de fútbol y casinos a quienes sean declarados deudores. La iniciativa fue enviada al Senado y todavía necesita sanción definitiva: las restricciones propuestas aún no constituyen una regla vigente.
El proyecto reúne propuestas de distintas fuerzas políticas y establece sanciones ante incumplimientos totales o parciales de las cuotas. La mayoría de las medidas se aplicaría cuando se registren dos cuotas impagas durante el último año, sean consecutivas o alternadas. Si se acumulan seis incumplimientos en ese período, el régimen contempla consecuencias más severas.
Uno de los cambios centrales es el traspaso de la administración del registro al Poder Ejecutivo. La Justicia conservará la facultad de fijar los montos de las cuotas y declarar la morosidad. La base reunirá información sobre las personas obligadas a pagar alimentos para el cuidado de hijos u otros familiares.
Estar inscripto no equivaldrá a ser deudor. Las restricciones se activarán cuando exista una declaración judicial de morosidad, conforme al Código Procesal Civil y Comercial provincial. El cumplimiento de los pagos pendientes permitirá revertir esa condición y levantar las sanciones.
La prohibición de entrar a canchas y casinos, que ya se ha dispuesto mediante órdenes judiciales en casos particulares, pasaría a formar parte del régimen general. Así, una vez declarada la mora, no sería necesaria una resolución específica para imponer esos impedimentos.
La reforma también prevé impedir la obtención o renovación de la licencia de conducir, con una excepción para quienes la necesiten para trabajar. En los casos agravados, esa excepción quedaría sin efecto y se sumaría una inhibición general de bienes.
Otras restricciones alcanzarían el cobro de premios de juegos de azar y casinos durante los 60 días posteriores a la inscripción por incumplimiento. Durante ese mismo plazo, el Estado tampoco podría pagarles por servicios a quienes mantengan contratos con la administración. Además, el texto los excluye de designaciones como funcionarios públicos, candidaturas provinciales o municipales y concursos para cubrir cargos judiciales.
El proyecto habilita consultas públicas, gratuitas y electrónicas para verificar la condición de morosidad. Sólo se mostraría la información mínima necesaria para identificar a la persona y conocer su situación. A la vez, se prohíben la descarga masiva de datos y la indexación de los resultados en buscadores.
Las empresas y los organismos obligados a consultar el registro tendrían tres días hábiles para realizar el trámite. Ese mismo plazo regiría para actualizar la información de las personas inscriptas. El alcance definitivo de la reforma dependerá ahora de su tratamiento en el Senado.
