El dinero destinado a las apuestas online está afectando el consumo en otros sectores de Brasil, según advirtió Carlos Akira, vicepresidente de Pagos, una asociación del ecosistema brasileño de pagos. En una entrevista con La Política Online, sostuvo que los supermercados denuncian una pérdida de ingresos porque parte del presupuesto de los hogares se dirige al juego.
Akira estimó que las plataformas legalizadas reciben aproximadamente 200.000 millones de reales anuales, sin contar las operaciones de sitios no autorizados por el Ministerio de Hacienda. Esa cifra corresponde al movimiento de dinero hacia las apuestas: no representa una medición de las pérdidas de los comercios. En la entrevista no se detallaron montos ni porcentajes de caída de ventas en supermercados.
El también cofundador de Syscapital vinculó la respuesta del gobierno de Lula con la presión de sectores económicos, los problemas de dependencia y las dificultades para fiscalizar el mercado. Según explicó, las empresas autorizadas también reclamaban medidas contra las plataformas ilegales, lo que agregó otro frente al debate.
En su análisis, el principal problema fue la expansión de una actividad digital sin suficientes herramientas de protección. Señaló que las apuestas fueron autorizadas en 2018 y que el mercado pasó seis años sin una regulación específica. Consideró que las normas implementadas desde 2024 incorporaron mayores exigencias para las plataformas y garantías para los consumidores.
Akira mencionó, entre los argumentos presentados por el Gobierno, que más de un millón de brasileños habían solicitado su exclusión de las plataformas mediante el sistema de autoexclusión. Reconoció la relevancia de ese dato para dimensionar los problemas asociados al juego, aunque sostuvo que la actividad no constituye, por sí sola, un riesgo sistémico para la economía brasileña.
Frente a una eventual prohibición total, propuso evaluar alternativas: mantener las apuestas deportivas, dar un tratamiento distinto a los casinos online o establecer una transición. También reclamó controles para impedir el acceso de menores, prevenir el juego compulsivo y limitar la publicidad. A su entender, la regulación debe acompañarse con educación y orientación para los usuarios.
El dirigente afirmó que la asociación que representa no fue convocada a las conversaciones, pese al impacto de las medidas sobre instituciones financieras, empresas de tarjetas y prestadores de servicios de pago. Reclamó que el Gobierno incorpore a los sectores afectados en la discusión y señaló que la eficacia de los cambios dependerá de la fiscalización.
Respecto del fútbol, descartó que la pérdida de patrocinadores de apuestas implique el fin de los clubes brasileños. Su evaluación es que algunas instituciones deberán adaptarse y buscar otras fuentes de financiamiento. También pidió considerar el empleo y la recaudación tributaria que genera el sector regulado al analizar sus consecuencias económicas.
