Santa Fe avanza con controles a celulares y cambios en Defensa Penal

El Senado de Santa Fe dio media sanción a dos iniciativas enviadas por el gobernador Maximiliano Pullaro vinculadas con la política de seguridad provincial. Los proyectos fueron aprobados durante la sesión del jueves 17 de septiembre y ahora deberán continuar su tratamiento en la Cámara de Diputados.

Uno de los expedientes, identificado como Mensaje N.º 24/2026, propone crear el Sistema Provincial de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos. La iniciativa apunta especialmente al circuito de compra, venta, reparación y comercialización de teléfonos celulares usados y sus componentes.

Entre las herramientas previstas aparece la creación de registros para quienes comercialicen, permuten, reparen o acopien dispositivos usados. Las operaciones deberán incorporar información que permita determinar la trazabilidad de los aparatos, como marca, modelo, número de serie e IMEI.

Además, el proyecto incorpora facultades para que la Policía pueda requerir la identificación electrónica de un dispositivo y consultar su situación registral. Según el texto conocido hasta el momento, este procedimiento no habilita por sí mismo el acceso a mensajes, fotografías, archivos u otro contenido privado del usuario.

Ante una irregularidad registrada en las bases correspondientes, la iniciativa contempla el eventual secuestro del aparato y la comunicación inmediata al Ministerio Público de la Acusación. También establece un régimen de sanciones administrativas para actividades comerciales que incumplan las obligaciones previstas.

Por otro lado, el Mensaje N.º 25/2026 propone incorporar el artículo 21 bis a la Ley 13.014, que regula el Servicio Público Provincial de Defensa Penal.

La reforma habilita la conformación de Programas o Unidades Especiales de la Defensa Pública, de carácter permanente o transitorio y con competencia provincial, regional o interregional. Además, contempla la incorporación de ocho cargos de defensor público.

Entre las situaciones previstas figura la representación de integrantes de las fuerzas de seguridad cuando sean investigados en causas en las que se alegue violencia institucional. Sin embargo, las unidades no estarán destinadas exclusivamente a policías o penitenciarios: también podrán intervenir en litigios complejos, conflictos de intereses entre defendidos o expedientes que requieran una estrategia especializada.

Ambas iniciativas cuentan solamente con media sanción. En este marco, su contenido definitivo dependerá del tratamiento que realice la Cámara de Diputados, que podrá aprobarlas, modificarlas o rechazarlas.