El PRO y La Libertad Avanza presentaron un dictamen de rechazo contra un proyecto que busca establecer mayores requisitos legislativos para avanzar con eventuales privatizaciones de empresas públicas de la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa fue impulsada por la diputada Maite Alvado, vinculada a La Cámpora, y ya consiguió dictamen favorable en la comisión de Servicios Públicos de la Legislatura bonaerense. También cuenta con el acompañamiento de sectores del radicalismo.
El proyecto establece que cualquier reducción de la participación o propiedad de la Provincia en empresas estatales deberá ser autorizada por una ley aprobada con el voto de al menos dos tercios de los integrantes de la Legislatura.
Actualmente, en los casos contemplados por la normativa vigente, las decisiones de este tipo pueden avanzar con mayoría simple.
Las diputadas Paula Bustos, del PRO, y Oriana Colugnatti y Rita Salaberry, de La Libertad Avanza, cuestionaron la propuesta y consideraron que representa un “obstáculo para avanzar en políticas de racionalización del sector público”.
En el dictamen presentado en rechazo al proyecto, las legisladoras argumentaron que la iniciativa incrementaría la intervención estatal y dificultaría una eventual apertura de determinadas actividades hacia el sector privado.
“En lugar de favorecer una administración más eficiente, concentrada en las funciones propias e indelegables del Estado, el proyecto introduce un obstáculo adicional para avanzar en políticas de racionalización del sector público, apertura a la iniciativa privada y reducción del intervencionismo estatal”, señalaron.
La propuesta consiguió despacho favorable este jueves en la comisión de Servicios Públicos, presidida por el diputado de Unión por la Patria Ariel Archanco.
El texto determina que “la participación o propiedad por parte de la provincia de Buenos Aires en empresas sólo podrá ser reducida por la Legislatura con el voto de dos terceras partes, al menos, de la totalidad de sus miembros”.
De aprobarse, la medida elevaría considerablemente el nivel de consenso político necesario para avanzar con una privatización o reducción de la participación provincial en una compañía.
Actualmente, una de las normas que regula específicamente esta cuestión es la Ley 12.989, vinculada a Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA). Allí se establece que cualquier transferencia de acciones al sector privado debe contar previamente con autorización legislativa, aunque sin exigir una mayoría especial de dos tercios.
La discusión vuelve a poner en agenda el debate sobre el rol del Estado en las empresas públicas y las condiciones que deben cumplirse para avanzar con eventuales privatizaciones. Aunque el proyecto corresponde a la provincia de Buenos Aires, el tema puede resultar de interés para Santa Fe y otras jurisdicciones por las discusiones que atraviesan al país sobre empresas estatales, gasto público y participación privada.
