El diputado nacional de Unión por la Patria Máximo Kirchner presentó este lunes en el Congreso un proyecto de ley para que todos los acuerdos que el Poder Ejecutivo firme con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos financieros deban ser debatidos y aprobados por ambas cámaras.
La iniciativa fue ingresada mientras la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, desarrollaba una agenda oficial en la Argentina junto al presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
El texto cuenta con 22 artículos y propone reemplazar la actual Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública por un régimen más amplio de control parlamentario.
Según el proyecto, cada operación de crédito deberá ser autorizada mediante una ley particular que establezca el monto máximo del préstamo, el destino de los fondos, el plazo mínimo de amortización y las condiciones generales del endeudamiento.
También establece que este tipo de acuerdos no podrá ser aprobado mediante decretos de necesidad y urgencia.
La iniciativa apunta directamente al DNU 179/2025, mediante el cual el Gobierno nacional instrumentó un Programa de Facilidades Extendidas con el FMI por 15.267 millones de Derechos Especiales de Giro, equivalentes a aproximadamente 20.000 millones de dólares.
Los legisladores sostienen que ese acuerdo debía haber sido sometido a consideración del Congreso.
El proyecto dispone que, dentro de los 90 días posteriores a una eventual entrada en vigencia de la ley, el Poder Ejecutivo deberá enviar al Parlamento una iniciativa para ratificar o rechazar el programa actual con el organismo.
Hasta que el Congreso adopte una decisión, el Gobierno no podría avanzar con ampliaciones o modificaciones del acuerdo. En caso de rechazo, cualquier nueva operación requeriría una autorización previa mediante una ley.
La propuesta fija límites al endeudamiento externo en relación con los gastos primarios y corrientes del Estado.
Para superar esos topes sería necesario conseguir una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras, excepto ante una emergencia económica declarada por ley, una catástrofe natural o una guerra.
El texto también plantea que serán consideradas inválidas las cláusulas que obliguen al país a eliminar controles sobre los movimientos de capitales.
Además, reafirma las facultades del Banco Central para establecer encajes sobre pasivos externos, limitar la formación de activos externos y aplicar otras medidas de administración de divisas.
Otro de los puntos centrales es la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento de la Relación con Organismos Financieros Internacionales.
El organismo parlamentario tendría acceso a la documentación de los programas, podría convocar a funcionarios del Poder Ejecutivo, el Banco Central y la Auditoría General de la Nación, y recibiría informes semestrales del Gobierno.
La propuesta también impulsa cambios en las reglas del FMI, entre ellos la creación de una denominada “Facilidad de Recuperación Soberana”.
Ese mecanismo permitiría transformar los créditos que superen los límites habituales del organismo en financiamiento de entre 20 y 30 años, con períodos de gracia de entre siete y diez años y sin sobrecargos.
El proyecto fue acompañado por otros 15 diputados del bloque de Unión por la Patria: Germán Martínez, Cecilia Moreau, Pablo Yedlin, Carlos Castagneto, Itai Hagman, Hilda Aguirre, Nicolás Trotta, María Elena Velázquez, Marcelo Barbur, Agustín Rossi, Sergio Palazzo, Agustina Propato, Julia Strada, Sabrina Selva y Jimena López.
La iniciativa deberá comenzar su tratamiento en las comisiones correspondientes antes de llegar al recinto. Por el momento, no se informó cuándo podría comenzar el debate ni con qué respaldo cuenta fuera del bloque opositor.
La discusión resulta relevante para el sur santafesino porque los acuerdos con el FMI pueden influir sobre las políticas económicas nacionales, el acceso al crédito, el nivel de actividad, el tipo de cambio y las condiciones fiscales que afectan a provincias, municipios y sectores productivos.
