SOFIA ZANOTTIEl gobierno nacional autorizó oficialmente a la provincia de Santa Fe a tomar un crédito internacional por hasta 150 millones de dólares destinado a obras de infraestructura vial, logística e hídrica en el Gran Rosario y el Cordón Industrial. La medida fue formalizada a través del Decreto 389/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo.
El financiamiento será otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF) y permitirá avanzar con el denominado “Programa Integral de Logística Urbana y Metropolitana del Gran Rosario”, considerado estratégico para la producción y las exportaciones santafesinas.
Entre las obras previstas aparecen la tercera vía de la autopista Rosario–Santa Fe, nuevos accesos portuarios en Puerto General San Martín, Timbúes y San Lorenzo, mejoras en rutas provinciales y trabajos hidráulicos sobre la cuenca del Carcarañá. También se contempla la ampliación de acueductos regionales.
Sin embargo, la aprobación del crédito abrió un nuevo interrogante político dentro de la provincia. En paralelo al financiamiento internacional, la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro impulsa un esquema de aporte económico por tonelada descargada en puertos para financiar infraestructura vinculada al tránsito pesado.
La propuesta generó rechazo entre entidades rurales, cooperativas y actores del sector agroexportador, que cuestionan el posible incremento de costos en un contexto económico complejo. Según trascendió, el aporte proyectado rondaría inicialmente los 1,5 dólares por tonelada.
En este escenario, distintos sectores comenzaron a preguntarse si el gobierno provincial mantendrá el proyecto del fideicomiso o si utilizará el crédito internacional como alternativa para evitar un conflicto con el agro.
La autorización del financiamiento también volvió a exponer la relación oscilante entre la administración de Pullaro y la Casa Rosada. Aunque Santa Fe acompañó algunos proyectos del oficialismo nacional, en varias oportunidades también reclamó por recortes de obra pública, subsidios y fondos previsionales.
Por el momento, desde el gobierno provincial no hubo definiciones sobre posibles cambios en el esquema de aporte al sistema portuario. La discusión sigue abierta y el debate ya comenzó a trasladarse a entidades productivas y sectores políticos de la provincia.
