Angelina Antonioli Vidal
El Gobierno nacional analiza una reforma de la Ley de Ética Pública con el objetivo de establecer límites más precisos sobre el uso de recursos estatales por parte de funcionarios.
La iniciativa apunta a prohibir de manera más concreta la utilización de oficinas, teléfonos, vehículos oficiales, correos institucionales y horarios laborales para actividades partidarias o políticas.
Según trascendió, el proyecto toma como referencia la normativa estadounidense conocida como “Hatch Act”, que restringe la actividad política de empleados públicos mientras están en funciones, dentro de oficinas estatales o utilizando bienes oficiales.
En la Casa Rosada sostienen que la ley argentina ya contempla deberes generales de conducta, pero buscan avanzar sobre situaciones específicas, como llamados partidarios desde dependencias públicas, uso de redes oficiales, presión sobre subordinados o pedidos de aportes políticos.
Además, la reforma podría incluir cambios sobre los organismos encargados de investigar y sancionar estas faltas. Las sanciones, de acuerdo al modelo que se analiza, podrían ir desde advertencias hasta medidas más severas.
El tema no forma parte de la agenda inmediata, aunque el Ejecutivo no descarta reflotarlo durante 2026 dentro del paquete de proyectos que evalúa enviar al Congreso.
