LORENA ACOSTAEl gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó este jueves en Rosario de la quinta subasta de bienes incautados al delito organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad). El evento reunió a 5.411 personas de distintos puntos del país, que pujaron por 150 lotes, entre los que se incluían autos, motos, equipos y hasta un avión.
La actividad se desarrolló en el Salón Metropolitano de Rosario y fue presentada como la subasta de bienes provenientes del delito más grande de la Argentina. Durante el acto, Pullaro sostuvo que estas iniciativas forman parte de una política pública que busca debilitar a las organizaciones criminales y devolver recursos a la sociedad.
“En Santa Fe se persigue el delito, se encarcela a los delincuentes y se les quitan los bienes para que esos recursos vuelvan a las víctimas y a las instituciones”, afirmó el mandatario provincial al referirse a la estrategia de seguridad implementada por el gobierno santafesino.
Por su parte, el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, destacó que el objetivo es que lo recaudado contribuya a debilitar a las organizaciones criminales que operan en la provincia. Según explicó, estas subastas permiten transformar bienes incautados en recursos que luego se destinan a instituciones y programas sociales.
En la misma línea, la secretaria de Gestión del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, remarcó que Santa Fe es la única provincia del país que realiza este tipo de subastas como parte de un plan integral contra el delito.
El intendente de Rosario, Pablo Javkin, también participó de la jornada y señaló que quitarle los bienes a quienes delinquen es una forma de cortar el circuito económico del crimen organizado.
Según datos oficiales, en las cuatro subastas anteriores se recaudaron más de 3.589 millones de pesos, fondos que fueron destinados a reparar a víctimas, asistir a más de 60 instituciones y sostener el funcionamiento de la Aprad.
Para participar del proceso fue obligatorio completar una inscripción previa y los datos de los interesados fueron verificados por organismos de seguridad para evitar vínculos con organizaciones criminales. Además, en el caso de los vehículos vendidos, la provincia garantiza la asignación de una nueva patente para eliminar cualquier vínculo con los dueños anteriores.
