LORENA ACOSTA
Este lunes 14 de julio, la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, anunciará si acepta el pedido del Gobierno argentino para suspender temporalmente la orden que obliga al país a entregar acciones de YPF como parte de pago por el juicio que perdió por la expropiación de la petrolera.
La solicitud fue presentada en el marco del fallo que en septiembre de 2023 condenó a la Argentina a pagar US$16.100 millones a los fondos Burford Capital y Eton Park, actuales titulares de los derechos de litigio adquiridos al grupo Petersen. Con los intereses acumulados, el monto reclamado ya asciende a US$17.750 millones.
El litigio se originó por la expropiación realizada en 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner nacionalizó la participación de Repsol en YPF, pero no extendió una oferta pública de compra a los demás accionistas, como indicaba el estatuto de la compañía.
El Gobierno de Javier Milei presentó la apelación el pasado jueves, y este lunes vencía el plazo para transferir las acciones de YPF a una cuenta custodia en Nueva York. Sin embargo, Preska no decidirá aún si revoca o mantiene la orden, sino únicamente si suspende su ejecución mientras se tramita la apelación.
“Si la jueza concede la suspensión, los fondos beneficiarios no podrán avanzar con la ejecución de la sentencia mientras la Argentina apela”, explicó el analista Sebastián Maril, quien sigue el caso desde Latam Advisors.
Mientras tanto, el presidente Milei sostuvo la semana pasada que el fallo “no tiene aplicación” en el país, y recordó que para ceder acciones estatales se requeriría una ley con aprobación de dos tercios del Congreso, algo que “no va a ocurrir”.
