A través de la resolución 3/2024, el Ministerio de Desregulación y Transformación convoca a los empleados públicos a iniciar su proceso de jubilación. La medida busca optimizar los recursos estatales y se aplica a quienes cumplen con los requisitos de edad, aunque deja afuera a los empleados de empresas del Estado.
Política 23 de octubre de 2024
SOFIA ZANOTTI
El Ministerio de Desregulación y Transformación, liderado por Federico Sturzenegger, ha emitido una resolución que llama a todos los empleados públicos que cumplen con los requisitos de edad a iniciar su proceso de jubilación en un plazo máximo de 30 días. Esta decisión, reflejada en la resolución 3/2024 publicada en el Boletín Oficial, forma parte de un esfuerzo más amplio para reducir el tamaño del Estado y mejorar la eficiencia en la administración pública.
La medida se dirige específicamente a los hombres que hayan cumplido 65 años ya las mujeres en la misma situación, así como a quienes tengan acreditados 30 años de servicios con aportes en uno o más regímenes de reciprocidad, según lo establecido en el artículo 19 de la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones N° 24.241.
Entre las justificaciones para esta resolución se encuentra la declaración de "emergencia pública" en materias administrativas, económicas, financieras y energéticas, la cual habilita al Poder Ejecutivo a realizar cambios para hacer el funcionamiento del Estado más ágil y transparente. Esto incluye la reducción del sobredimensionamiento de la estructura estatal, lo que podría contribuir a disminuir el déficit fiscal y equilibrar las cuentas públicas.
Aunque la resolución no se aplica directamente a los empleados de empresas y sociedades del Estado, se recomienda que estas entidades adopten medidas similares. Sin embargo, se prevé una excepción para quienes ocupan cargos ejecutivos de nivel coordinador, así como para titulares de cargos equivalentes.
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La resolución también otorga facultades a las autoridades de rango no inferior a secretario para solicitar excepciones en el cumplimiento de esta medida, siempre que exista una justificación basada en la necesidad de mantener el normal funcionamiento del área. Los responsables de las acciones de personal deberán reportar cualquier avance en el proceso a la Oficina Nacional de Empleo Público para asegurar un seguimiento adecuado.
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