Murphy: cinco años de prisión por amenazar al presidente comunal

Un conflicto por la ubicación de un puesto de venta de comidas en Murphy terminó con una condena de cinco años de prisión efectiva. José Osvaldo Bustos fue declarado culpable de amenazas coactivas agravadas contra el presidente comunal de la localidad, Hugo Ezequiel Rodríguez, a quien había enviado mensajes intimidatorios para intentar conseguir una decisión favorable a su actividad comercial.

La resolución judicial se conoció este viernes 13 de noviembre de 2026, durante una audiencia realizada en los tribunales de Venado Tuerto. La jueza penal Mariana Vidal homologó un acuerdo de procedimiento abreviado y declaró al condenado reincidente por tercera vez.

Un reclamo comercial que derivó en amenazas

Los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron el 24 de julio, cuando Bustos envió una serie de mensajes de audio mediante WhatsApp al presidente comunal.

El hombre reclamaba una solución vinculada con la ubicación de su carro de comidas. Según la investigación, pretendía trasladarlo a otro sector o conseguir una modificación en la distribución de los puestos comerciales.

Sin embargo, las comunicaciones incluyeron expresiones que la Fiscalía consideró intimidatorias y dirigidas a condicionar una decisión de la autoridad comunal.

De acuerdo con la acusación, Bustos manifestó estar acostumbrado a situaciones de violencia y mencionó a personas presuntamente relacionadas con Los Cantero. También advirtió que estaba dispuesto a enfrentarse a tiros con la Policía antes que regresar a prisión.

Estas referencias fueron parte de los mensajes investigados y no acreditan, por sí mismas, una relación del condenado con organizaciones delictivas.

La investigación y las pruebas incorporadas

La causa fue desarrollada por el Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto, bajo la coordinación del fiscal Iván Gastón Raposo, con intervención del fiscal Facundo Peña, responsable de la Unidad de Salidas Alternativas.

Durante la investigación se incorporaron declaraciones testimoniales, conversaciones de WhatsApp, archivos de audio y actuaciones policiales.

Además, se realizaron allanamientos en Murphy, donde se secuestraron elementos considerados de interés para la causa y se concretó la detención del acusado.

Para la Fiscalía, las expresiones no constituyeron únicamente una discusión comercial, sino un intento de obtener una medida de una autoridad pública mediante amenazas.

De un pedido de siete años a una condena de cinco

En agosto, el Ministerio Público de la Acusación había solicitado una pena de siete años de prisión efectiva y la declaración de reincidencia por tercera vez.

Finalmente, el proceso se resolvió mediante un procedimiento abreviado, homologado por la jueza Mariana Vidal, que estableció una condena de cinco años de cumplimiento efectivo.

La sentencia quedó firme durante la audiencia del viernes.

Tras conocerse la resolución, el fiscal Raposo sostuvo que los reclamos individuales deben canalizarse por vías legales y remarcó que ninguna diferencia con una autoridad pública habilita la utilización de amenazas para conseguir una decisión determinada.

La información difundida sobre el acuerdo no incluye un desarrollo detallado de la posición de la defensa. No obstante, la homologación judicial puso fin al proceso penal mediante la sentencia acordada por las partes.

Una causa judicial que llegó a su resolución

El caso había comenzado como una controversia vinculada con una actividad comercial y terminó en una investigación penal por amenazas destinadas a influir sobre una autoridad pública.

Con la condena firme, quedó resuelta la responsabilidad penal de Bustos por los hechos investigados, mientras que la pena deberá cumplirse conforme a las condiciones establecidas por la Justicia.