Un abogado radicado en Melincué fue imputado este lunes 28 de septiembre en la Justicia Federal de Venado Tuerto por su presunta participación en maniobras de lavado de activos y comercialización de drogas. El juez Aurelio Cuello Murúa ordenó su prisión preventiva hasta el 12 de mayo de 2027, una medida que también alcanza a otros dos investigados.
El profesional fue identificado como Maximiliano C. G. Los otros dos imputados que recibieron la misma medida cautelar son Santiago Emanuel B. y Juan Cruz B. La investigación constituye una derivación de la causa por una avioneta procedente de Bolivia que aterrizó el 12 de mayo en una zona rural de Villa Eloísa, donde Gendarmería secuestró 321 kilos de cocaína.
Durante la audiencia, los fiscales federales Federico Reynares Solari, Matías Scilabra, de la PROCUNAR NEA, Juan Argibay Molina, de la PROCELAC, y Daniela Ghiorzi expusieron la hipótesis del Ministerio Público Fiscal sobre las operaciones económicas y el papel atribuido a los investigados.
Según la acusación, al menos desde septiembre de 2025 se habrían realizado maniobras organizadas y habituales para incorporar al circuito económico legal dinero proveniente del tráfico de estupefacientes. Para ello, los involucrados habrían adquirido bienes y concretado operaciones destinadas a ocultar el origen de los fondos y, en algunos casos, la identidad de sus verdaderos titulares.
Entre las operaciones investigadas figuran la adquisición de un fondo de comercio en Melincué, la compra de vehículos y el alquiler de un inmueble. La Fiscalía sostuvo que los imputados no habrían podido justificar una capacidad económica acorde con esas transacciones. También atribuyó a otro investigado haber actuado como prestanombre de sus hijos para facilitar el ocultamiento patrimonial.
Una parte de la acusación se apoya en el análisis de teléfonos celulares secuestrados durante los allanamientos del 25 de agosto. De acuerdo con los fiscales, la información recuperada permitió reconstruir la presunta intermediación del abogado en varias de las operaciones bajo investigación.
Además del lavado de activos, el Ministerio Público Fiscal le atribuyó al profesional participación en la comercialización de drogas en la zona junto con Manuel P. R., quien había sido imputado el 28 de agosto. Según esa hipótesis, el abogado habría actuado de manera coordinada y bajo sus directivas.
Los fiscales señalaron tanto una supuesta intervención directa en la venta de estupefacientes como acciones para favorecer a personas allanadas o detenidas vinculadas con ese circuito. La acusación también incluyó su intervención en causas judiciales y la representación de personas que, según los investigadores, integrarían esa red.
Las imputaciones y las medidas de prisión preventiva corresponden a una investigación en curso y no constituyen una declaración de culpabilidad.
