La Armada apartó a militares por irregularidades en el pago de sueldos

La Armada Argentina dispuso el apartamiento de militares vinculados con una investigación interna por presuntas irregularidades en la acreditación de haberes, mientras avanza en paralelo una causa en la Justicia Federal. La pesquisa reconstruyó 645 pagos presuntamente indebidos realizados entre julio de 2022 y enero de 2026.

La información disponible requiere diferenciar las cifras que surgieron durante la investigación. La presentación judicial contabilizó acreditaciones por $981.148.567,88. Parte de esos fondos fue posteriormente reintegrada y el perjuicio pendiente quedó estimado en aproximadamente $938,6 millones. La propia Armada informó oficialmente un monto cercano a $938 millones.

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La última medida disciplinaria alcanzó a ocho capitanes de corbeta y un suboficial, según informaron distintos medios. Además, el capitán de navío contador Ariel Baltasar Atanasoff, quien se desempeñaba como jefe del Departamento Revista, ya había sido relevado preventivamente durante una etapa anterior de la investigación.

Por ese motivo, algunas publicaciones contabilizan nueve nuevos apartamientos y otras mencionan diez militares separados de sus funciones en total.

Las actuaciones comenzaron después de que una revisión interna realizada durante 2026 encontrara diferencias entre las liquidaciones oficiales, los recibos de haberes y los archivos enviados para concretar las acreditaciones bancarias. Según la denuncia, se habrían incorporado pagos por importes superiores a los correspondientes e incluso acreditaciones sin respaldo en las liquidaciones.

La investigación identificó inicialmente a 23 beneficiarios, entre personal militar, civiles y personas sin relación laboral con la fuerza. Entre los casos mencionados aparece María del Carmen Prieto, esposa de Atanasoff, quien habría recibido 46 acreditaciones por aproximadamente $152,2 millones. La determinación sobre la legalidad de esos movimientos y la responsabilidad de cada persona corresponde ahora a la Justicia.

Por otro lado, algunas publicaciones señalaron que la dimensión económica del caso podría aumentar a medida que continúe la revisión. Se mencionaron proyecciones de entre $1.500 y $1.600 millones, aunque esas cifras constituyen por ahora una versión no confirmada y no forman parte del monto oficialmente informado por la Armada.

El jefe de la fuerza, almirante Juan Carlos Romay, dispuso que los militares alcanzados por las actuaciones permanezcan apartados mientras se sustancia el procedimiento disciplinario. Este proceso administrativo corre de manera independiente de la investigación penal.

Además, el Ministerio de Defensa y la Armada señalaron que las responsabilidades deberán determinarse respetando el procedimiento correspondiente. El apartamiento preventivo no equivale a una condena ni determina por sí mismo responsabilidad penal.

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En este marco, la causa deberá establecer quiénes intervinieron en las operaciones, qué conocimiento tenía cada beneficiario y cuál fue finalmente el perjuicio económico para el Estado. Paralelamente, la Armada continuará con las actuaciones disciplinarias internas.