El empleo público nacional cayó 21,1% desde fines de 2023

El Sector Público Nacional registró una reducción de 72.522 trabajadores entre noviembre de 2023 y julio de 2026, de acuerdo con las estadísticas utilizadas para elaborar el balance incluido en la presentación del Presupuesto 2027. La variación representa una caída del 21,1% de la dotación relevada durante el período.

La cifra muestra la diferencia entre ambas plantas de personal, aunque por sí sola no permite establecer cuántas salidas correspondieron a despidos, jubilaciones, renuncias, retiros, finalizaciones de contratos u otras modalidades.

La Administración Pública Nacional concentró la mayor reducción en términos absolutos. Pasó de 233.098 empleados a 183.520, es decir, 49.578 trabajadores menos y una variación del 21,3%.

Dentro de ese universo, la administración centralizada —ministerios y Jefatura de Gabinete— pasó de 55.858 a 37.657 agentes. La caída fue de 18.201 trabajadores, equivalente al 32,6%. Por otro lado, la administración descentralizada disminuyó en 25.646 puestos y la desconcentrada en 3.801.

Las comparaciones entre ministerios requieren cautela porque durante estos años se modificaron estructuras y competencias. Salud, por ejemplo, pasó de 8.265 a 7.002 empleados y Economía de 8.686 a 7.682. Justicia, en cambio, aparece con una dotación mayor, aunque parte de esa diferencia está vinculada con modificaciones en la composición de las áreas.

Las empresas y sociedades estatales también registraron una reducción: pasaron de 110.259 trabajadores en noviembre de 2023 a 87.315 en julio de este año.

Correo Argentino presentó la mayor baja absoluta entre las principales compañías relevadas, con 5.618 trabajadores menos. Operadora Ferroviaria redujo su planta en 4.305 personas; Banco Nación, en 2.381; y Aerolíneas Argentinas, en 1.923.

En este marco, el Ejecutivo sostiene que la reorganización busca simplificar estructuras, modernizar procesos y concentrar recursos en funciones consideradas estratégicas. Durante 2026, además, continúa vigente un régimen que limita nuevas incorporaciones y establece, como regla general con excepciones, un alta por cada dos bajas.

Desde otra perspectiva, el CEPA caracteriza el proceso como un ajuste sobre el sector público y advierte sobre sus posibles efectos en las capacidades operativas del Estado.

De cara a 2027, el Gobierno anticipó que continuará con la reorganización administrativa y la revisión de empresas públicas. Sin embargo, en la información difundida hasta ahora no aparece una nueva meta concreta de cantidad de trabajadores a reducir. El alcance final también dependerá del tratamiento del Presupuesto y de las medidas administrativas que se implementen durante el próximo ejercicio.