La Cámara de Diputados de Santa Fe convirtió en ley la Emergencia Hídrica para todo el territorio provincial, ante los riesgos asociados al fenómeno de El Niño. La norma tendrá vigencia hasta el 30 de abril de 2027 y fue aprobada con 46 votos positivos.
El proyecto ya había recibido respaldo en el Senado y establece herramientas extraordinarias para que el Gobierno provincial pueda intervenir con mayor rapidez frente a lluvias intensas, anegamientos, daños de infraestructura y otras situaciones relacionadas con excesos hídricos.
Uno de los puntos centrales es la creación de un fondo de $10.000 millones. Los recursos podrán destinarse a obras, reparaciones, mantenimiento de infraestructura y acciones relacionadas con el manejo del agua.
También se contemplan recursos extraordinarios para municipios y comunas, un aspecto de especial interés para las localidades del departamento General López y del resto del sur santafesino ante posibles contingencias climáticas.
Durante el tratamiento legislativo se incorporó una comisión bicameral de seguimiento, integrada por representantes de Diputados y Senadores.
El organismo deberá controlar la aplicación de la emergencia, las obras realizadas y las contrataciones que se ejecuten durante el período establecido.
La diputada Natalia Armas Belavi, de Vida y Familia, acompañó el proyecto pero reclamó que el control legislativo tenga resultados concretos.
“Vamos a necesitar que los proyectos, los pedidos de informe, tengan una respuesta real”, sostuvo.
Además, pidió realizar “un seguimiento exhaustivo de esta ley” sobre los recursos utilizados, las obras y las contrataciones.
El diputado justicialista Marcos Corach también votó favorablemente, aunque volvió a cuestionar la cantidad de herramientas excepcionales solicitadas por la administración de Maximiliano Pullaro.
Según afirmó el legislador, el Ejecutivo provincial ya había solicitado 13 emergencias durante la actual gestión.
El planteo de Corach estuvo centrado en determinar hasta qué punto este tipo de instrumentos, concebidos originalmente para circunstancias extraordinarias, pueden utilizarse de manera reiterada.
También reclamó información sobre diferentes obras públicas iniciadas durante la administración provincial anterior y pidió mayores precisiones respecto de su continuidad y estado de ejecución.
Armas Belavi consideró además que la Provincia debería haber avanzado antes en algunas medidas preventivas frente a las previsiones relacionadas con El Niño.
“En este caso, el Ejecutivo está llegando tarde”, afirmó.
La diputada también comparó las inversiones realizadas para los Juegos Suramericanos con las necesidades pendientes en materia de defensas e infraestructura hídrica.
Pese a esos cuestionamientos, explicó que decidió acompañar la emergencia para que el Gobierno provincial disponga de las herramientas necesarias para ejecutar las obras.
Amalia Granata también respaldó la iniciativa, aunque cuestionó el discurso del oficialismo alrededor de las obras realizadas por la Provincia.
“Es una obligación que ellos tienen como Estado o como Gobierno darle a la sociedad que paga impuestos, y muchos impuestos en esta provincia y muy altos, una respuesta con obras, con rutas”, expresó durante la sesión.
Granata sostuvo además que existe una “personalización del Estado” cuando acciones que corresponden a las obligaciones de la administración pública son presentadas como logros personales de los funcionarios.
Más allá de las críticas, todos los sectores coincidieron en la necesidad de que Santa Fe cuente con mecanismos para responder rápidamente ante un eventual escenario climático adverso.
El debate político estará ahora puesto en la utilización del fondo de $10.000 millones, las contrataciones, las obras que se ejecuten y el funcionamiento de la comisión bicameral.
Para municipios y comunas del sur santafesino, la implementación de la norma también será relevante debido a que contempla recursos extraordinarios destinados a los gobiernos locales para enfrentar posibles emergencias.
