SOFIA ZANOTTIEl Senado de Santa Fe aprobó por unanimidad el proyecto de Emergencia Hídrica enviado por el Gobierno provincial, una iniciativa que otorga herramientas excepcionales al Poder Ejecutivo para actuar ante inundaciones, crecidas, excesos de precipitaciones y otras consecuencias vinculadas a fenómenos hídricos.
La propuesta todavía deberá ser tratada por la Cámara de Diputados antes de convertirse en ley.
El proyecto fue impulsado ante las previsiones relacionadas con el fenómeno de El Niño y establece la emergencia para todo el territorio santafesino hasta el 30 de abril de 2027, con la posibilidad de una prórroga de seis meses si continúan las condiciones que dieron origen a la medida.
Para localidades del sur de Santa Fe, la iniciativa adquiere especial importancia por las obras de canales, caminos rurales, alcantarillados, defensas y trabajos sobre cuencas que habitualmente resultan necesarios durante períodos de lluvias intensas.
Entre las facultades previstas, el Gobierno podrá realizar movimientos de suelo, limpieza y apertura de canales, construcción de terraplenes, defensas, alteos, lagunas de retardo y otras intervenciones destinadas a reducir los riesgos ocasionados por el agua.
También podrá modificar, restaurar o mejorar caminos rurales y vías de comunicación cuando la situación hídrica lo requiera.
Contrataciones de urgencia
Uno de los principales puntos del proyecto habilita procedimientos especiales para contratar obras, servicios, bienes y equipamiento vinculados con la emergencia.
Como regla general deberá existir una compulsa de precios u ofertas. Sin embargo, cuando la urgencia lo justifique y no sea posible contar con más de un proveedor, el Estado provincial podrá avanzar con una contratación directa.
La norma establece que estos mecanismos deberán garantizar transparencia, igualdad, concurrencia y competencia entre los oferentes.
Aportes para municipios y comités de cuenca
El Ministerio de Obras Públicas también quedará autorizado a otorgar subsidios y aportes no reintegrables a municipios y comités de cuenca mediante procedimientos abreviados.
Los recursos deberán ser utilizados para realizar obras o comprar maquinaria y equipamiento destinado a reducir riesgos hídricos.
Además, el Ejecutivo podrá brindar asistencia directa ante necesidades habitacionales, alimentarias, sanitarias y de vestimenta de las personas afectadas por una emergencia.
Intervención sobre terrenos privados
Otro de los puntos relevantes permite establecer restricciones transitorias sobre propiedades privadas cuando sean necesarias para realizar obras destinadas a proteger a la población, preservar bienes o recuperar vías de comunicación.
El proyecto también contempla la posibilidad de establecer servidumbres administrativas y avanzar con expropiaciones de terrenos necesarios para determinadas obras.
En el caso de caminos provinciales de calzada natural o rutas secundarias, se declaran de utilidad pública sectores ubicados en ambas márgenes, hasta un máximo de diez metros hacia el interior de los predios.
Vialidad Provincial será la encargada de determinar en cada caso qué superficie resultará necesaria.
Fondo especial y cambios presupuestarios
La iniciativa crea además un Fondo de Emergencia Hídrica dentro del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública.
Ese fondo podrá recibir partidas del Presupuesto provincial, aportes específicos del Tesoro Nacional y otros recursos destinados a atender la emergencia.
El Poder Ejecutivo también estará facultado para realizar modificaciones presupuestarias e incorporar nuevos recursos para financiar las medidas previstas.
Controles sobre las medidas
El Tribunal de Cuentas continuará interviniendo en el control de los procedimientos realizados durante la emergencia y tendrá un plazo máximo de diez días hábiles para expedirse.
Además, se propone crear una Comisión Bicameral de Seguimiento, integrada por tres diputados y tres senadores, que deberá controlar la utilización del fondo, las contrataciones, las obras y los recursos extraordinarios transferidos a municipios.
El proyecto recibió el respaldo unánime del Senado provincial. Desde el oficialismo se defendió la necesidad de contar anticipadamente con herramientas para responder ante posibles contingencias climáticas, mientras que legisladores del justicialismo acompañaron la iniciativa y realizaron aportes al texto.
La definición ahora quedará en manos de la Cámara de Diputados. Recién después de una eventual sanción definitiva y promulgación, las facultades previstas podrán entrar plenamente en vigencia.
