El propietario de un taller ubicado en calle Suipacha al 50 de Venado Tuerto fue imputado en el marco de una investigación por la presunta comercialización ilegal de vehículos y autopartes usadas.
La audiencia se realizó el viernes en la Unidad Fiscal de Venado Tuerto. El fiscal Iván Raposo acusó provisoriamente a Sergio G. por los delitos de comercialización y almacenamiento ilegal de autopartes usadas y encubrimiento, ambos en calidad de autor.
El imputado estuvo acompañado por su abogada defensora y decidió abstenerse de prestar declaración.
Según la Fiscalía, el comerciante habría almacenado piezas que no contaban con las obleas identificatorias exigidas por la normativa. También se encontraron autopartes que no estarían autorizadas para ser reutilizadas.
La acusación sostiene, además, que en los establecimientos investigados se realizaban cortes sobre vehículos para extraer piezas destinadas a una posterior comercialización. También habría automotores dados de baja almacenados en lugares sin la habilitación correspondiente.
Las presuntas irregularidades fueron detectadas el martes 28 de julio durante inspecciones realizadas por agentes de la Policía de Investigaciones en el taller de Suipacha al 50 y en un galpón ubicado en la esquina de Suipacha y Urquiza.
Entre los vehículos inspeccionados se encontraban una camioneta Toyota blanca, una motocicleta BMW R1200 y dos camionetas Dodge RAM 2500.
De acuerdo con las verificaciones incorporadas a la causa, algunos motores presentaban codificaciones presuntamente falsas, inconsistencias o alteraciones. Los investigadores también encontraron motores Toyota y Cummins con anomalías en sus grabados.
En dos de los elementos inspeccionados se detectaron numeraciones repetidas. En una camioneta RAM no se pudo verificar el número del motor debido a la corrosión de la base donde se encontraba la identificación.
Otra de las unidades tenía instalado un motor cuya codificación coincidía con la de un propulsor Cummins encontrado dentro del mismo establecimiento.
La investigación continuó en una propiedad ubicada en Suipacha al 60. Allí, la PDI secuestró un motor sin numeración visible, cuatro motores presuntamente adulterados, un chasis cortado de una camioneta Dodge RAM y otro chasis completo sin identificación.
También fue hallado un Volkswagen Polo cuyo número de chasis habría sido modificado mediante una modalidad conocida como “ventana”. Esta maniobra consiste en reemplazar o alterar el sector donde se encuentra grabada la identificación original del vehículo.
La Fiscalía considera que el imputado conocía el presunto origen ilegal de los vehículos y las autopartes. La calificación legal es provisoria y podrá modificarse durante el avance de la investigación.
Luego de la audiencia, Sergio G. recuperó la libertad, aunque deberá cumplir diferentes medidas mientras continúe el proceso judicial.
El acusado tendrá que presentarse semanalmente ante el Ministerio Público de la Acusación, mantener el domicilio informado y comparecer cada vez que sea citado.
También tiene prohibido salir del país, portar armas, ingresar al inmueble clausurado de Suipacha al 60 y comunicarse con los peritos verificadores que participaron de los procedimientos.
Además, no podrá trasladar, vender, sustituir, ocultar ni manipular los vehículos y las autopartes secuestradas o inmovilizadas.
La resolución judicial también le impide realizar actividades de desarmado, almacenamiento o comercialización de repuestos usados hasta que cuente con las habilitaciones correspondientes.
Finalmente, la Justicia ordenó un embargo por 15.000 dólares. El imputado tendrá un plazo de 30 días para acreditar esa garantía ante la Oficina de Gestión Judicial.
