SOFIA ZANOTTINicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, vuelven a comparecer este miércoles ante la Justicia federal de Estados Unidos en el marco de la causa que investiga una presunta conspiración para introducir cocaína en territorio norteamericano.
La audiencia se desarrolla ante el juez federal Alvin Hellerstein en Manhattan y estará centrada en el calendario del proceso, la presentación de pruebas y los planteos que las defensas realizarán antes del eventual juicio oral. Ambos permanecen alojados en una cárcel federal de Brooklyn desde su traslado a Estados Unidos.
Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, fueron capturados el 3 de enero durante una operación de fuerzas estadounidenses realizada en Caracas. Posteriormente fueron trasladados a Nueva York, donde se declararon inocentes de los cargos formulados en su contra.
La acusación incluye conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados con la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. En caso de ser declarados culpables de las imputaciones más graves, podrían recibir penas de prisión perpetua.
Uno de los principales planteos de la defensa estará relacionado con la inmunidad que Maduro considera que le corresponde por haber ejercido la Presidencia de Venezuela. Sus abogados también cuestionarán la legalidad de la operación militar mediante la cual fue detenido y trasladado a Estados Unidos.
Maduro sostiene que su captura fue ilegal y se define como un “prisionero de guerra”. La administración estadounidense, en cambio, argumenta que la intervención tuvo como objetivo concretar una operación judicial contra una persona acusada de participar en una estructura internacional de narcotráfico.
La defensa tendría previsto presentar en septiembre un pedido para desestimar la causa con base en la supuesta inmunidad soberana. También deberá analizar documentación clasificada que la Fiscalía estadounidense incorporará al expediente durante los próximos meses.
Por el momento, el juicio no tiene fecha definitiva. La Fiscalía y los abogados defensores propusieron que comience en junio de 2027, aunque será el juez Hellerstein quien deberá resolver el cronograma final.
El caso representa un hecho de fuerte impacto para América Latina, debido a sus consecuencias sobre la política venezolana, las relaciones diplomáticas regionales y los vínculos entre Caracas y Washington.
