SOFIA ZANOTTIEl oficialismo no logró avanzar en el Senado con el proyecto denominado “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei que propone modificaciones a la Ley de Tierras, la Ley de Manejo del Fuego y los regímenes de desalojos y expropiaciones.
Ante la falta de respaldo necesario para tratar la propuesta, el bloque oficialista consiguió prorrogar su discusión para una posible sesión el próximo 6 de agosto. Sin embargo, el nuevo aplazamiento dejó en evidencia las dificultades del Gobierno para alcanzar acuerdos tanto con otros espacios políticos como dentro de su propia estructura.
Durante la sesión también se registraron mensajes dirigidos hacia la interna legislativa. “La decisión de cómo se trabaja acá la tomamos nosotros”, expresaron desde el oficialismo, en medio de las diferencias por el manejo del temario.
El proyecto ya había atravesado otros intentos fallidos de tratamiento. La discusión fue postergada el 4, el 11 y el 25 de junio, antes de volver a quedar sin avances en esta oportunidad.
Según publicó Ámbito, la iniciativa llegó a contar con alrededor de quince borradores, pero las diferencias sobre su contenido se profundizaron con el paso de las semanas. Los distintos sectores involucrados atribuyen responsabilidades por la falta de consenso y cuestionan algunos puntos de la redacción final.
El proyecto había sido promovido inicialmente desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. No obstante, versiones recogidas por ese medio señalaron que el titular del área, Federico Sturzenegger, habría manifestado su disconformidad con las últimas modificaciones.
“Cuando lo discutimos en la mesa política estaban todos de acuerdo, pero después a Sturzenegger le disgustó”, señalaron fuentes parlamentarias citadas por Ámbito. Se trata de una versión que no fue confirmada públicamente por el funcionario.
La propuesta genera especial atención en provincias productivas como Santa Fe, ya que las posibles modificaciones a la legislación sobre tierras rurales, manejo del fuego, desalojos y expropiaciones podrían tener impacto sobre la propiedad y el uso de superficies destinadas a la actividad agropecuaria.
