La Unión Cívica Radical expresó su rechazo a los cambios en la Ley de Tierras incluidos en el proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” que impulsa el Gobierno nacional. La posición partidaria complicó las negociaciones del oficialismo en el Senado, donde los diez representantes radicales pueden resultar decisivos.
El tratamiento estaba previsto para este jueves 16 de julio, pero finalmente fue retirado del temario ante la falta de votos y acuerdos entre los bloques. La presidenta de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, solicitó postergar el debate hasta la sesión programada para el 6 de agosto.
La postura fue difundida por el Comité Nacional de la UCR, encabezado por el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella. Desde el partido señalaron que la propuesta eliminaría “limitaciones razonables” y podría comprometer la soberanía, el control de las fronteras y los recursos estratégicos del país.
“Defendemos la inversión productiva, por eso creemos que el rol del Estado debe ser promover incentivos para nuestros productores y regulaciones razonables, cuidando nuestras tierras y nuestros recursos”, manifestó la conducción radical en el comunicado.
Uno de los puntos más discutidos es la reforma del régimen vigente para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La legislación actual establece que la titularidad extranjera no puede superar el 15% de las tierras en los ámbitos nacional, provincial y municipal.
También dispone que una misma nacionalidad no puede concentrar más del 30% de ese cupo y fija un límite de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la denominada zona núcleo, o una superficie equivalente en otras regiones.
El proyecto del Poder Ejecutivo elimina esas restricciones generales. El dictamen elaborado en el Senado establece, en cambio, que cada provincia pueda autorizar, regular o impedir las operaciones de compra de tierras rurales por parte de extranjeros dentro de su territorio.
Desde la UCR advirtieron que esa descentralización podría generar diferencias entre las provincias y debilitar los controles nacionales sobre recursos naturales, cursos de agua y zonas fronterizas.
La posición del Comité Nacional, sin embargo, no implica que todos los senadores radicales rechacen automáticamente la propuesta. Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama manifestaron públicamente su oposición, mientras que los otros siete integrantes del bloque todavía no definieron de manera abierta su voto.
Durante el debate en comisiones, el senador radical Eduardo Vischi había acompañado el dictamen y defendido la posibilidad de que las provincias establezcan sus propias regulaciones. Esa diferencia refleja que la discusión continúa abierta dentro del partido.
El proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” no se limita a la compra de campos. También propone modificaciones en los procesos de expropiación y desalojo, en la Ley de Manejo del Fuego y en distintos procedimientos vinculados con los registros inmobiliarios.
Para el sur de Santa Fe, la discusión tiene una relevancia particular por el peso de la actividad agropecuaria y porque la conducción nacional del radicalismo está en manos de Chiarella. Además, cualquier modificación en la regulación sobre tierras rurales podría tener impacto directo sobre las provincias productivas y la zona núcleo.
