SOFIA ZANOTTILa investigación judicial por el presunto fraude con combustibles dentro de la Unidad Regional II de Rosario volvió a quedar en el centro de la escena luego de conocerse los pedidos de condena que alcanzan hasta los 14 años de prisión para algunos de los acusados. La Fiscalía sostiene que existió una estructura organizada destinada a desviar fondos públicos asignados al abastecimiento de móviles policiales.
Según la acusación, las maniobras incluían el uso irregular de tarjetas Visa Flota, cargas de combustible ficticias, retornos económicos y procedimientos administrativos presuntamente manipulados. Además, se planteó la existencia de una organización con funciones distribuidas y un funcionamiento sostenido en el tiempo.
Los pedidos de condena más importantes recaen sobre quienes serían considerados organizadores del esquema investigado. Entre ellos aparecen Domínguez, con un pedido de 14 años de prisión; Acosta, con 12 años; Pigozzi, con ocho años; y Salcedo junto a Santamaría, con siete años. Las imputaciones incluyen asociación ilícita, peculado, defraudación a la administración pública y posibles hechos de cohecho.
Sin embargo, más allá del avance de la causa sobre integrantes de la fuerza policial, comenzó a instalarse otro debate dentro de distintos ámbitos judiciales y políticos: cómo un mecanismo de semejante magnitud pudo sostenerse durante años sin participación, conocimiento o controles de otros actores.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a que la investigación todavía no profundizó sobre la denominada "ruta del dinero". Si bien la causa describe la mecánica utilizada para desviar fondos, aún persisten dudas sobre el destino final de esos recursos y quiénes habrían resultado beneficiados económicamente.
En distintos sectores también llama la atención que, hasta el momento, no aparezcan funcionarios civiles ni empresarios entre los principales investigados, pese a que sistemas de abastecimiento, controles y procesos administrativos involucran distintas áreas y actores externos a la estructura policial.
Por otro lado, también surgieron cuestionamientos por la escasa reacción política frente a una causa considerada por algunos sectores como de fuerte impacto institucional. Según distintas observaciones, hasta ahora el avance más importante se mantiene dentro del ámbito judicial, sin grandes debates públicos o investigaciones paralelas.
En este marco, la causa continúa abierta y deja una serie de preguntas todavía sin respuestas claras sobre el alcance real del circuito económico investigado y sobre la posible existencia de otros actores involucrados.
