SOFIA ZANOTTILo que debía ser una jornada de celebración para la Justicia santafesina terminó dejando en evidencia las diferencias que atraviesan al sistema judicial provincial. La inauguración del nuevo edificio Anexo del Palacio de Justicia de Santa Fe, encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro y la Corte Suprema de Justicia, estuvo marcada por la ausencia de las principales autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP).
Después de casi una década de obras, el nuevo edificio fue presentado como una infraestructura destinada a ampliar la capacidad operativa del Poder Judicial y mejorar la atención a la ciudadanía. Del acto participaron integrantes de la Corte Suprema, funcionarios del Gobierno provincial, legisladores, intendentes y representantes del ámbito judicial.
Sin embargo, la fiscal general María Cecilia Vranicich y la defensora provincial Estrella Moreno Robinson decidieron no asistir. La ausencia fue interpretada como una manifestación del conflicto que mantienen con la Corte Suprema por la distribución de los espacios dentro del nuevo inmueble.
La disputa se originó tras la reforma constitucional de 2025, que otorgó autonomía constitucional al Ministerio Público de la Acusación y al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, dejando de depender del Poder Judicial. A partir de ese cambio institucional surgieron diferencias respecto de la utilización de las instalaciones del nuevo edificio.
Las autoridades de ambos organismos cuestionan que la Corte haya reasignado sectores que, según sostienen, estaban previstos para el funcionamiento del Centro de Justicia Penal, proyecto financiado mediante un crédito internacional. Desde el máximo tribunal aseguran que ofrecieron alternativas para garantizar el funcionamiento de ambas instituciones.
Durante el acto, el gobernador Pullaro lamentó públicamente la ausencia de las dos funcionarias y llamó a recomponer el diálogo institucional.
"No está bueno que hoy aquí no esté la titular del Ministerio Público de la Acusación ni la titular del Ministerio Público de la Defensa", expresó el mandatario.
Además, convocó a todas las instituciones a priorizar el trabajo conjunto y afirmó que la Provincia está dispuesta a aportar recursos económicos si eso contribuye a resolver el conflicto.
"Nunca vamos a negar las diferencias que tenemos, pero siempre nos vamos a poder sentar en una mesa", sostuvo Pullaro, al recordar el trabajo coordinado entre jueces, fiscales y defensores durante la crisis de seguridad que atravesó Santa Fe.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez, evitó profundizar la polémica, aunque dejó una frase que rápidamente generó repercusiones.
"No sé, pregúntenselo a ellos", respondió al ser consultado sobre las ausencias. Luego agregó: "No hay que darle al pito más de lo que el pito vale".
Gutiérrez señaló además que la Corte ofreció alternativas para solucionar el problema edilicio, entre ellas la cesión del sexto piso del nuevo edificio y otro inmueble que quedará disponible cuando se traslade el fuero laboral.
Más allá de la discusión por oficinas y espacios físicos, el conflicto refleja un proceso de reorganización institucional mucho más amplio. La autonomía constitucional del MPA y de la Defensa Pública modificó el funcionamiento tradicional del sistema judicial santafesino y abrió una etapa de redefinición de competencias, responsabilidades y relaciones entre los distintos organismos.
La inauguración del nuevo Palacio de Justicia, que buscaba simbolizar una modernización del servicio judicial, terminó exponiendo uno de los principales desafíos que enfrenta la provincia: lograr que las instituciones encuentren mecanismos de consenso para que la transformación impulsada por la reforma constitucional se traduzca en un mejor servicio para los ciudadanos.
