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Chiarella reafirmó su postura tras la causa narco en Venado
El intendente de Venado Tuerto se refirió a la investigación por narcotráfico y lavado de dinero, y sostuvo que la persecución judicial también debe alcanzar a quienes financian estas organizaciones.
SOFIA ZANOTTIEl intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, volvió a pronunciarse sobre la causa que investiga una red narco con conexiones financieras en la ciudad y remarcó que la ofensiva judicial debe ir más allá de quienes venden droga en la calle.
Sus declaraciones llegaron luego de los avances en la investigación que permitió desarticular el circuito económico de la banda encabezada por “Wacho Maxi”, una estructura que, según la pesquisa, comercializaba estupefacientes y luego convertía el dinero obtenido en dólares para sostener la operatoria.
En ese contexto, Chiarella sostuvo que la acción del Estado debe alcanzar a todos los involucrados en la cadena delictiva. “Lo dijimos en su momento: vamos contra todos. Los que venden, los que distribuyen, los que financian y los delincuentes de guante blanco que sostienen estas estructuras”, expresó el mandatario en sus redes sociales.
La investigación está a cargo de la Unidad de Microtráfico de la Fiscalía Regional Nº 3 junto con la Fiscalía Federal. Según se informó, la maniobra bajo análisis incluía el ingreso de dinero proveniente del narcomenudeo al circuito cambiario, a través de una firma de Venado Tuerto que habría funcionado como pantalla.
En la causa fueron imputados dos empresarios locales. Uno de ellos, Ezequiel A., de 47 años, está acusado como partícipe necesario en la comercialización de estupefacientes, por su presunta intervención en operaciones destinadas a canalizar fondos del narcotráfico. El otro imputado es Jorge K., de 72 años, acusado por comercialización de estupefacientes y tenencia de armas de guerra, luego del hallazgo de varias armas en su domicilio.
Tras la audiencia realizada ante el juez Leandro Martín, ambos recuperaron la libertad, aunque deberán cumplir una serie de medidas restrictivas mientras continúa el proceso. Entre ellas, se dispuso el embargo de un inmueble por el equivalente a 60 mil dólares, la prohibición de salir del país, la imposibilidad de contactar a otros implicados y la orden de no alterar documentación vinculada a cajeros.
Además, la causa incluyó allanamientos en más de 16 domicilios y requisas en unidades penitenciarias, en un operativo que busca determinar el alcance completo de la estructura investigada, tanto en el plano provincial como federal.
En este marco, Chiarella reiteró que el municipio mantendrá su acompañamiento a las investigaciones vinculadas al narcotráfico y volvió a marcar una posición política frente a este tipo de delitos. “Vamos a seguir firmes en la lucha contra el narcotráfico”, afirmó.
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