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Nueva factura complica a Adorni por viaje a Uruguay
Un comprobante por el vuelo de regreso desde Punta del Este presenta inconsistencias y suma presión judicial sobre el jefe de Gabinete.
LORENA ACOSTALa investigación judicial por los vuelos privados del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas un nuevo elemento: una factura vinculada al regreso desde Punta del Este que presenta inconsistencias tanto en la fecha como en el monto declarado.
El documento, fechado el 9 de marzo, fue emitido por un broker aeronáutico a nombre del periodista Marcelo Grandio, quien ya había afrontado el costo del vuelo de ida a través de una de sus empresas. La aparición de este comprobante reactivó las dudas en torno al financiamiento del viaje.
Según la documentación, el intermediario fue Agustín Ismel Issin, vinculado a la firma Jag Aviation, dedicada a la compra y reventa de paquetes de vuelos privados. El mismo operador ya figuraba en registros previos relacionados con el caso.
En este marco, una factura anterior —emitida en febrero por la empresa AlphaCentauri— incluía un paquete de vuelos por más de 42 mil dólares, donde se contemplaba el tramo de regreso. Sin embargo, el nuevo comprobante fija el costo en 3000 dólares, una diferencia significativa respecto al vuelo de ida, que había sido valuado en 4830 dólares.
Además, el documento fue emitido el mismo día en que el tema tomó relevancia pública, lo que en el sector aeronáutico genera sospechas sobre una posible regularización posterior ante la exposición mediática.
Por otro lado, las explicaciones brindadas por Grandio han sido cambiantes. Inicialmente aseguró que el funcionario había abonado el viaje, luego sostuvo que el gasto fue compartido y, más tarde, afirmó que se pagó con fondos del Estado. Hasta el momento, no presentó documentación que respalde estas versiones.
Adorni, en tanto, reiteró que se trató de un gasto personal, aunque tampoco exhibió comprobantes que acrediten los pagos.
La causa está en manos del juez federal Ariel Lijo, quien solicitó información a organismos públicos y privados, además de registros de cámaras vinculados al vuelo. No obstante, algunas empresas ya advirtieron que no conservan imágenes por más de 30 días, lo que podría dificultar la reconstrucción completa de los hechos.
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