SOFIA ZANOTTI
En horas de la mañana del martes, Kevin P., comerciante imputado por tentativa de homicidio de Juan Carlos Salinas en un hecho ocurrido el pasado 8 de noviembre, fue sorprendido haciendo trámites bancarios en una entidad de la ciudad, escoltado por personal policial.
El episodio generó sorpresa tanto en los vecinos como en los operadores judiciales, quienes no habían sido informados del traslado. Según la fiscal Mayra Vuletic, a cargo de la causa, el juez, la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) y la Fiscalía desconocían la medida tomada por la Alcaidía de Melincué, donde se encuentra detenido Kevin P.
Vuletic explicó que el Servicio Penitenciario puede efectuar traslados en casos puntuales, amparados por una circular del Colegio de Magistrados, siempre y cuando se justifique el motivo y se informe previamente. Sin embargo, confirmó que en este caso no existió tal notificación.
“Estamos investigando quién dispuso el traslado, bajo qué criterios se solicitó y si se cumplieron los protocolos establecidos”, señaló la fiscal. Subrayó que aún no es posible determinar responsabilidades ni consecuencias hasta contar con todos los elementos necesarios.
Por su parte, Ana Regidor, representante de la querella, aseguró que se encuentran verificando si el Servicio Penitenciario respetó los parámetros requeridos para autorizar el traslado del imputado. “Queremos confirmar si este procedimiento fue realizado conforme a las normas vigentes”, apuntó.
El hecho ha generado inquietud en torno a las medidas de control sobre personas detenidas y el manejo de autorizaciones dentro del sistema judicial.
