El Gobierno de Santa Fe llevará al Congreso Nacional una propuesta para ampliar las facultades de las provincias en la investigación de delitos relacionados con la venta minorista y territorial de drogas.
El ministro de Justicia y Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni, fue convocado para exponer este miércoles ante una comisión de la Cámara de Diputados de la Nación sobre el proyecto presentado por la diputada Gisela Scaglia, integrante de Provincias Unidas.
La iniciativa plantea modificaciones a las leyes nacionales 23.737 y 26.052, que regulan los delitos vinculados a estupefacientes y el régimen mediante el cual determinadas provincias pueden asumir competencias originalmente correspondientes a la Justicia Federal.
Para el Gobierno santafesino, uno de los principales problemas del sistema actual aparece al momento de determinar hasta dónde puede intervenir la Justicia provincial.
Cococcioni explicó que actualmente las provincias pueden actuar cuando se trata de droga fraccionada directamente para su comercialización al consumidor.
Sin embargo, sostuvo que esa definición puede generar dificultades prácticas.
“En la práctica no se sabe si una bolsita es microtráfico y si un cascotito ya es federal. Realmente se corre riesgo de interpretaciones muy restrictivas”, señaló el ministro.
La intención es establecer criterios más claros que permitan mantener determinadas investigaciones dentro de la órbita provincial y evitar que una causa deba dividirse cuando aparecen elementos vinculados a delitos de competencia federal.
El Gobierno provincial considera que la persecución del microtráfico constituye una herramienta directamente relacionada con su política de seguridad.
Según Cococcioni, el objetivo no es reemplazar a la Justicia Federal en investigaciones sobre grandes organizaciones narcocriminales, sino intervenir sobre estructuras dedicadas a la comercialización de drogas en barrios y ciudades.
“No estamos hablando de narcotráfico a gran escala internacional. Estamos hablando de venta en el territorio ligada a bandas criminales que después se disputan, a veces a los tiros, una esquina para vender, un búnker, una familia contra otra”, afirmó.
En ese esquema, la Justicia Federal continuaría teniendo competencia sobre delitos de mayor complejidad, como el tráfico internacional, las organizaciones criminales de mayor escala y el ingreso de estupefacientes mediante fronteras terrestres, rutas aéreas o vías navegables.
El proyecto busca ampliar los supuestos en los que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueden intervenir sobre delitos contemplados por la Ley 23.737.
También propone establecer reglas para resolver casos donde exista una conexión entre delitos provinciales y federales, priorizando la continuidad de las investigaciones.
La propuesta mantendría, además, el carácter voluntario del régimen: cada provincia podrá decidir si adhiere o no a la ampliación de competencias.
Santa Fe ya avanzó en ese sentido. A fines de 2023, durante el comienzo de la gestión de Maximiliano Pullaro, la Legislatura provincial aprobó la adhesión al sistema de desfederalización parcial de los delitos vinculados con drogas.
La discusión tiene relevancia directa para ciudades y localidades del sur provincial.
Si la reforma avanza, podría ampliar las herramientas del Ministerio Público de la Acusación y de los organismos provinciales para desarrollar investigaciones sobre comercialización minorista de estupefacientes sin que determinados cambios en una causa obliguen automáticamente a trasladar parte de la investigación al fuero federal.
La propuesta deberá ahora atravesar el debate parlamentario nacional antes de convertirse en ley.
