La senadora provincial Leticia Di Gregorio trabaja en un proyecto de ley para modificar procedimientos judiciales en Santa Fe ante conflictos familiares que afectan el vínculo de niños, niñas y adolescentes con alguno de sus progenitores.
La iniciativa, que todavía se encuentra en etapa de elaboración, contempla modificaciones al Código Procesal Penal y a la Ley Provincial de Violencia Familiar. Entre sus principales objetivos aparecen la reducción de los tiempos judiciales, una mayor participación de equipos interdisciplinarios y una coordinación más estrecha entre la Justicia Penal y de Familia.
“Estamos trabajando sobre situaciones donde los conflictos entre adultos terminan afectando directamente a los chicos. El impedimento de contacto con uno de los padres es maltrato infantil. La separación de una pareja no puede convertirse en la separación de un hijo de alguno de sus progenitores”, sostuvo Di Gregorio.
Uno de los puntos que analiza el proyecto es una modificación del artículo 160 bis del Código Procesal Penal.
La propuesta establece que las declaraciones de víctimas en situación de vulnerabilidad sean realizadas con intervención de un equipo interdisciplinario penal y sin interrogatorio directo de las partes.
También fija un plazo de hasta 20 días desde la denuncia penal para concretar una Cámara Gesell. Cuando existan motivos que impidan cumplir ese término, podrá otorgarse una prórroga fundada, aunque el procedimiento no debería superar los 45 días desde la recepción de la denuncia.
“Hoy uno de los problemas que encontramos es el tiempo. Cuando hablamos de niños, los meses y los años que demora un proceso tienen consecuencias. Por eso queremos procedimientos más rápidos, con profesionales especializados y una Justicia que pueda intervenir a tiempo”, explicó la legisladora.
La propuesta contempla además la creación de un Equipo Interdisciplinario Penal de la Provincia de Santa Fe, que funcionaría dentro de la órbita de la Corte Suprema de Justicia provincial y tendría independencia técnica.
Según lo planteado, la Corte sería responsable de su integración, capacitación y cobertura territorial.
En los casos en que una víctima menor de edad tenga simultáneamente actuaciones en la Justicia Penal y de Familia, el proyecto busca establecer mecanismos de coordinación entre ambos fueros.
También se contempla la participación de un abogado del niño durante el proceso.
“Los chicos no pueden quedar en el medio de expedientes que avanzan por caminos distintos. Tenemos que lograr que el sistema actúe de manera coordinada y que la voz y los derechos del niño sean el centro de cada decisión”, afirmó Di Gregorio.
La senadora sostuvo que uno de los principales fundamentos de la iniciativa es evitar que los hijos sean utilizados dentro de los conflictos entre adultos.
“Los hijos no son propiedad de ninguno de los progenitores, no son un trofeo y mucho menos pueden ser utilizados como un arma en una separación. Tienen derecho a mantener sus vínculos familiares y el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que esos derechos sean respetados”, señaló.
En esa línea, planteó que las decisiones judiciales deberían incorporar especialmente una perspectiva de niñez.
“Acá no discutimos ideologías, discutimos derechos. Y cuando hay un niño en el medio, su interés superior tiene que estar por encima del conflicto entre los adultos. Que la perspectiva de género no tape la perspectiva de la niñez”, manifestó.
Otro capítulo del proyecto apunta a modificar la Ley 11.529 de Violencia Familiar.
Según la propuesta, una vez presentada una denuncia, el juez deberá solicitar una evaluación sobre la situación de la persona agredida para determinar el nivel de riesgo. Ese informe debería realizarse dentro de las tres horas.
También se contemplan distintas medidas cautelares, entre ellas la exclusión del supuesto agresor de la vivienda, restricciones de acercamiento, reintegro al domicilio de quien haya tenido que abandonarlo por razones de seguridad y disposiciones relacionadas con alimentos, cuidado personal y derecho de comunicación.
El texto incorpora además la posibilidad de disponer el secuestro preventivo de armas de fuego y municiones cuando corresponda.
Determinadas medidas no podrían mantenerse durante más de 30 días sin una nueva evaluación judicial.
Finalmente, el proyecto establece como regla general la realización de una audiencia dentro de las 48 horas posteriores a la adopción de las medidas. La víctima y el supuesto agresor serían escuchados por separado y sin contacto entre ellos, mientras que quedaría prohibida la mediación o conciliación.
Di Gregorio continuará trabajando sobre la iniciativa junto a abogados, magistrados, especialistas y personas atravesadas por este tipo de situaciones antes de avanzar con su presentación en la Legislatura santafesina.
