El Tribunal Oral Federal 2 dispuso un embargo preventivo sobre el departamento de San José 1111, en la ciudad de Buenos Aires, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria por su condena en la causa Vialidad.
El inmueble pertenece a Los Sauces S.A., la sociedad inmobiliaria de la familia Kirchner, y quedó comprendido dentro de una nueva etapa de medidas destinadas a asegurar bienes mientras avanza la ejecución patrimonial de la sentencia.
La resolución fue adoptada por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, quienes tienen a su cargo la ejecución de la condena.
Según lo informado, los bienes alcanzados buscan garantizar el monto de $685.000 millones establecido como decomiso dentro del expediente.
La medida no significa que el departamento vaya a ser subastado de manera inmediata ni modifica actualmente su titularidad. Tampoco se dispuso, hasta el momento, un cambio en las condiciones de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner.
Por ese motivo, la posibilidad de que la ex presidenta deba establecer otro domicilio en el futuro dependerá de las decisiones que adopte la Justicia durante las próximas etapas del proceso.
La resolución forma parte de una segunda etapa de ejecución patrimonial. En una primera instancia se habían incluido 111 propiedades vinculadas a los condenados en la causa.
Ahora, el tribunal avanzó sobre otro conjunto compuesto por 144 bienes, entre inmuebles, vehículos y participaciones accionarias.
Dentro de esta nueva etapa también fueron incluidos cinco millones de dólares que Florencia Kirchner tenía depositados en una caja de seguridad del Banco Galicia.
Los magistrados fundamentaron las medidas sobre bienes vinculados a Máximo y Florencia Kirchner en las conclusiones de la sentencia de la causa Vialidad, que estableció la existencia de relaciones económicas entre empresas de Lázaro Báez y negocios pertenecientes a la familia Kirchner durante el período investigado, entre 2003 y 2015.
Entre esas operaciones, el tribunal mencionó alquileres, explotación turística y construcciones realizadas por compañías vinculadas a Báez en hoteles e inmuebles de la familia Kirchner y de sociedades como Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.
El TOF 2 sostuvo que las cautelares buscan impedir la disposición de esos activos hasta que quede definida su situación jurídica y continúe el proceso para determinar el decomiso definitivo.
Para los lectores del sur santafesino, se trata de una nueva instancia judicial de una de las causas de mayor impacto político nacional, vinculada directamente con la situación patrimonial y judicial de la ex presidenta.
